Por: Álvaro Camacho Guizado

Las masacres y la política

El escándalo que se ha armado en torno a la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, se ha prestado para múltiples interpretaciones, debates, condenas y desgarre de vestiduras.

Resulta que una señora, Mariela Contreras, quien había sido reparada con una buena suma de dinero en su calidad de víctima, no lo era: no estaba en el sitio el día de la masacre, y sus hijos, supuestamente también víctimas, tampoco estaban entre los muertos. Se trató de una trampa, y de un intento de obtener unos dineros indebidos.

El episodio ha servido para que una derecha bien reconocida afine más sus armas en su ataque a una organización que, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se ha dedicado a defender a las víctimas de crímenes de Estado. Y lo ha hecho, hasta donde se puede conocer, con éxito. Se puede afirmar que si no fuera por esa organización, más de una víctima habría perdido cualquier oportunidad de ser reparada.

Bien, se ha dicho que el número de víctimas originales fue inflado, que muchas de ellas fueron suplantadas, y que así como hay “falsos positivos”, hay “falsas víctimas”. Pero hay algunos detalles sobre lo que no sobra insistir. En la mayoría de las masacres se han presentado muertos y heridos, pero poco se dice de los desaparecidos después de los hechos y como consecuencia de los mismos. Éstos, incontables en muchos casos, constituyen una población victimizada que carece no sólo de reparación, sino de protección por parte del Estado.

Tampoco se dice mucho acerca de quienes, a pesar de ser víctimas directas, se han abstenido de denunciar por temor a las represalias, por ignorancia de los trámites que deben seguir o porque residen en lugares en donde no hay alternativas judiciales.

Y menos se hace referencia a que en sus rutas hacia los lugares objetivo del ataque, los paramilitares y sus cómplices liquidaron, desaparecieron o amenazaron a pobladores. Si estos casos se tuvieran en cuenta, resultaría que las víctimas son más de las que aparecen en las instancias judiciales.

En fin, que la cosa no es tan sencilla, y duele ver que con ocasión de Mapiripán se activen unas tendencias que tienden a minimizar el impacto y tamaño de las masacres, o a condenar al Colectivo José Alvear y a desatar diatribas contra los defensores de los derechos humanos. La huella de quien sabemos sigue aún viva: esa culebra aún colea, y colea fuerte.

Las masacres en Colombia han sido algunos de los ejemplos más brutales del tipo de actividades desatadas por los grupos armados irregulares: han eliminado a miles de campesinos y residentes en centros urbanos, población no solamente inocente, sino, lo que es peor, indefensa.

Entonces, nadie puede desconocer que el Estado debe ser mucho más cuidadoso al investigar este tipo de episodios, que la Fiscalía debe tener un conteo exacto, invulnerable, de las víctimas, y que se debe evitar a toda costa que algunos vivos quieran lucrarse de las tragedias. Pero esto no significa que se pueda “politizar” el tema para desconocer la labor que realizan las organizaciones defensoras de los derechos humanos y acusarlas de izquierdistas, terroristas y bandidos. Sin ellas estaríamos mucho peor. Ojalá que sus malquerientes nunca tengan que acudir a ellas.

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