Mermelada y elecciones

Desde que el exministro Juan Carlos Echeverry acuñó la palabra “mermelada” para referirse a un nuevo mecanismo de distribución de las regalías contemplado en la reforma que sobre este tema tramitó en el Congreso, éste se ha convertido en uno de los términos más utilizados en el léxico político colombiano.

Hoy en día se usa como sinónimo de un manejo irregular de los recursos públicos, mediado por favorecimientos políticos para obtener votos en elecciones o lograr el apoyo para determinados trámites legislativos o de otra naturaleza. Entendida de esta manera, la mermelada, que no es una práctica reciente, ni exclusiva de Colombia, se convierte en sinónimo de un ejercicio clientelista de la política y está en la esencia de su reproducción. Y es un tema que si bien no se limita a las contiendas electorales, adquiere especial relevancia durante las campañas políticas, tanto por quienes la utilizan para su propio beneficio, como para atacar a los contendores.

Por esto no es casual que se generen acusaciones mutuas entre partidos y candidatos sobre los programas, políticas y decisiones de gasto público por parte de funcionarios del estado en los períodos electorales. Por ejemplo, en artículos recientes publicados en El Espectador se plantean cuestionamientos sobre la entrega en los próximos meses, antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, de millonarios recursos por parte del Ministerio de Agricultura a alcaldes y gobernadores a través de los Planes de Articulación Regional (http://www.elespectador.com/noticias/nacional/abonando-el-campo-regionales-articulo-545461). Y otro, sobre la entrega con fines electorales de la “jugosa mermelada de la paz” a través recursos del Fondo para la Paz a la Federación Nacional de Cafeteros por parte de los gobiernos de Uribe y Santos (http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-proyecto-de-uribe-y-santos-paz-articulo-546741).

La llamada mermelada refleja una forma de concebir el ejercicio de la política y el manejo de lo público. Es decir la manera como se accede y se ejerce el poder para favorecer determinados intereses. Generalmente las decisiones que se toman en este contexto no obedecen a lineamientos técnicos ni necesariamente toman en consideración las necesidades reales de las regiones o municipios, sino que se mueven por la lógica de los votos.

Pero además, esta práctica produce un efecto colateral e inconveniente, que es la estigmatización de otras formas de relación —estas sí legítimas— entre los elegidos y los electores, mediante las cuales los primeros gestionan recursos y adoptan decisiones en respuesta a sus propuestas y programas electorales, a las necesidades de quienes votaron por ellos, pero sobre todo a los lineamientos de políticas nacionales y regionales. Es decir, que no lo hacen a partir de intereses partidistas. El problema no es que quienes ocupan cargos de elección popular y los servidores públicos tomen decisiones sobre la asignación y la gestión de los recursos públicos, sino la forma de hacerlo. Cuando priman la opacidad, la falta de transparencia y de rendición de cuentas, es cuando esparcir la mermelada se convierte en una práctica cuestionable.