Mico

Uno de los acontecimientos jurídico-políticos de la semana podría resumirse así: el doctor Ternura quiso hundir el mico que podía salvarlo, pero fue el mico el que se salvó... Así suena a veces de extraño el lenguaje político mediático...

En el contexto colombiano, más o menos todo el mundo intuye lo que es un mico jurídico: un artículo no deseado que se agrega a una ley en trámite parlamentario, modificándola para el beneficio de algunas personas y/o unos intereses políticos. En la mayoría de los casos el artículo agregado no tiene mucho que ver con la ley adoptada y está escrito de tal forma que pasa casi desapercibido. La imagen queda clara: en este árbol majestuoso que representa la ley, hay que discernir con mucha precaución entre las hojas dónde se esconden los micos...

La Constitución colombiana prevé que si un artículo no tiene “unidad de materia” con la ley a la cual está integrado puede ser declarado inconstitucional y cualquier ciudadano puede interponer una demanda ante la Corte Constitucional. La práctica existe en la mayoría de las democracias. Así, hace más de un año, por ejemplo, un mico gringo hizo mucho ruido en Washington: el artículo, muy discreto y técnico, agregado a una ley de programación tributaria, dejaba abierto el cultivo de cualquier semilla genéticamente modificada. Ese regalo dirigido a los gigantes de la industria agroquímica fue denunciado en la prensa como el “Monsanto Protection Act”. El ruido fue tal que la senadora estadounidense Barbara Mikulski, encargada del proyecto de ley, tuvo que disculparse públicamente por haber dejado pasar tal enormidad —de la talla de un orangután colombiano.

En Francia, donde no hay ni selva ni micos, los artículos que se cuelgan a las leyes también existen bajo el nombre de “jinetes legislativos”. Muchos son censurados por el Consejo Constitucional Francés. Detrás del mico siempre hay intereses. En muchas democracias, los lobbies son campeones en actuar para hacer pasar leyes que favorezcan sus intereses. Esas trampas, sean motivadas por intereses comerciales o políticos, afectan el debate legislativo, demuestran falta de ética y pueden esconder hasta casos de corrupción.

Al salir en la prensa, los denominados micos están ya árbol arriba y en muchos casos es muy tarde para impedirlos, a menos que un ciudadano demande posteriormente el caso. Por eso el papel tan importante de los congresistas, de la academia, de las asociaciones y de los medios a la hora de confrontar cualquier proyecto de ley. Y en el marco tan particular de las negociaciones de paz, cada trámite legislativo que pueda afectar el proceso de paz amerita una discusión ética de fondo.