Ministra, no hay derecho

El fallo sobre San Andrés pone de presente una constante de nuestra historia política.

Colombia es un país de tierra adentro. No tiene conciencia de territorio fronterizo y, por eso lo pierde, casi sin importarle. La costa de Mosquitos, las islas Mangles, el departamento de Panamá, los islotes de Los Monjes, el bajo Guaviare, el trapecio amazónico y, ahora, el archipiélago de San Andrés. La lista es larga. Pero además, no aprende. Este resultado adverso es producto de inadvertencias, errores, improvisaciones.

¿Qué es, si no eso, el cambio del meridiano 82, considerado siempre como el límite marítimo, por la propuesta colombiana de una línea media, a sabiendas de que lesionaba intereses del propio país? No hay derecho. La comunidad sanandresana se lo advirtió a la canciller en una carta suscrita por sus diputados, la cual no fue atendida. Esto no es, como se ha dicho, nacionalismo barato, ni caro; ni depresivo, ni patriotero: es sentido común de la política. Ahora la ministra se rasga las vestiduras en el debate ante el Congreso y ante el país, como si nada tuviera que ver en semejante fiasco.

Diez años atrás Alberto Lozano Simonelli, en su libro “La amenaza de Nicaragua”, subrayó la vigencia perpetua de los tratados internacionales. Hace cinco años Enrique Gaviria Liévano, en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, formuló la propuesta de que San Andrés, con todos sus cayos, debía declararse como “Archipiélago de Estado”, encerrándolo como una sola unidad política, económica y administrativa. Ello, quizás, hubiera evitado la absurda decisión de la Corte, en el sentido de dejar unos cayos colombianos enclavados en el mar territorial de Nicaragua. Los últimos gobiernos desoyeron las recomendaciones de los mencionados especialistas.

La ministra afirmó en San Andrés que, en este momento, no se deben buscar culpables sino procurar la unidad nacional. En un proceso tan largo, dijo, responsables serían los ex presidentes, ex cancilleres, ex parlamentarios, ex asesores, en fin, todo el mundo, es decir, nadie. Y para rematar agregó: Si mi renuncia arreglara la vida de San Andrés, dígame dónde le firmo. Tampoco hay derecho. La respuesta raya en el cinismo: si la ministra se va no se arregla la vida de nadie, pero si se queda tampoco.

La responsabilidad política no es un invento de orates. Existe en el ejercicio de la actividad pública y está inscrita dentro del principio democrático del control ciudadano. Pero no se asume utilizando un sofisma pobre para responder las angustias de una comunidad agredida por malas gestiones jurídico-diplomáticas. Habrá que usar mucha imaginación jurídica para conseguir una revisión del fallo. Con otro equipo, por supuesto: el que dirige el ex canciller Londoño quedó deslegitimado por completo. Las crisis no se resuelven insistiendo en las mismas personas que las producen.

Si la ministra pensó que el fallo podía ser “salomónico” debió prever las consecuencias de posibles decisiones adversas e iniciar gestiones que comprometieran al gobierno de Nicaragua, cuyo presidente es un hombre incapaz de ver matices. Había que hacerlo desde entonces, con mayor poder de negociación que ahora. Así procedería un buen ministro. Incluso uno malo, con buena Cancillería. Pero Colombia carece de ambas cosas. De lo contrario, la ministra sabría que cuando se señalan los responsables políticos de un descalabro como éste, es mucho más fácil procurar la unidad nacional.

*Ex senador, profesor universitario, atm@cidan.net