¿Mira China hacia Quitasueño?

Una exitosa tesis colombiana ante la Corte de La Haya, de la que casi nadie se percató, podría contribuir a la argumentación en disputas marítimas al otro lado del mundo.

Varios cientos de islas, arrecifes de coral, atolones, cayos y bancos arenosos, cuya superficie por encima del nivel de las aguas no llega a sumar más de cinco kilómetros cuadrados y dos y medio metros de altura, han pasado de ser simples referencias en las cartas de navegación a objeto deseado por varios países en el Mar de China Meridional. La República Popular China, así como Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia y Brunéi reclaman como propio el archipiélago entero o al menos parte del mismo. Nánsh? Qúnd?o en mandarín, Quân ?áo Truòng Sa en vietnamita, Kapuluan ng Kalayaan en filipino, el complejo conjunto geográfico vino a ser conocido en Occidente con el nombre de Islas Spratly, apellido de un Capitán ballenero de la Marina Británica que reportó su existencia a mediados del Siglo XIX. Los chinos afirman haberlo reclamado diecisiete siglos atrás.

Las conjeturas sobre la riqueza del suelo y el subsuelo submarinos, además de la evidente abundancia pesquera de la zona, han estado latentes en el fondo de las aspiraciones de los países mencionados. Aspiraciones que tienen contenido muy diferente del de otro capitán británico, James George Meads, que en busca de fama y poder, mucho antes de las convenciones sobre Derecho del Mar decidió crear en algunas de las rocas de la zona su propio reino, “Kingdom of Humanity”, del que se autoproclamó rey bajo el nombre de James Primero. La invasión japonesa barrió con el dichoso reino, puso en fuga al tercer monarca, Franklin Primero, y fusiló a su guardia. Pasada la guerra, los herederos de Meads fusionaron su reino con otro micro – estado, de propiedad de un sultán indio, para formar la República Morac – Songhrati – Meads, cuyos gobernantes desaparecieron cuando un tifón los borró del mapa con todo y su invento.

La historia incierta del archipiélago habría podido continuar en medio de los altibajos de esas tensiones que en la vida internacional ni se arreglan ni se empeoran, si no fuera porque nuevos hechos lo han convertido en escenario de una disputa de implicaciones prácticamente globales. Y es que no solo se trata de la muy vieja disputa por la zona y sus presumibles riquezas entre países relativamente cercanos, sino que un fenómeno inédito ha venido a modificar el contenido de la discusión: a China se le atribuye por parte, entre otros, de los Estados Unidos, el haberse dedicado allí a “construir islas” mediante el transporte de arena y materiales que le permitan sostener que emergen en forma permanente en pleamar y por tanto son islas que generan mar territorial y estos espacios marítimos.

La República Popular China reclama tener los argumentos más antiguos de control sobre el archipiélago, en la medida que afirma poder probar su presencia desde el Siglo Segundo de nuestra era y lo considera parte de su Provincia de Hainan. Taiwán copia los argumentos chinos para presentarlos a su favor. Vietnam niega los reclamos chinos y proclama que ha controlado las islas desde el Siglo XVII y también lo adscribe a su división territorial. Filipinas fundamenta su reclamo en la proximidad geográfica con el archipiélago. Malasia y Brunéi consideran que al menos parte del área se encuentra dentro de su zona económica exclusiva.

En medio de la controversia surge de manera prácticamente inevitable, en las cuentas de todos los interesados, un antecedente jurídico de enorme importancia, novedoso y de consecuencias imprevisibles, que se origina en la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la reclamación de Nicaragua contra Colombia. Se trata de una de las varias victorias colombianas en esa controversia, que en nuestro país pasaron desapercibidas en medio del ruido mediático que constituyó, ese sí, el mayor triunfo de Nicaragua, que fue capaz de hacer pensar que obtuvo lo que quería y que Colombia no había tenido éxito en sus argumentos. La defensa de nuestro país consiguió que la Corte declarara que una roca apenas tan grande como un piano de media cola puesto hacia arriba con el teclado recostado en el mar, fuese considerada como una isla, con el consecuente reconocimiento de por lo menos tres mil kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano en el Mar Caribe.

Sin perjuicio de que China, por ejemplo, se niegue a someterse al juicio de un tribunal, seguramente mirará con mucho cuidado, lo mismo que los demás países interesados, el contenido de la argumentación colombiana que motivó la decisión mencionada, que de ser reiterada en el futuro puede llegar a producir cambios importantes en el mapa de los dominios marítimos de diferentes Estados, dondequiera que existan formaciones rocosas parecidas a Quitasueño, que por ese camino seguirá haciendo honor a su nombre en los lugares más insospechados del planeta.