Por: Daniel Pacheco

¿Momento de vencer o morir?

El próximo jueves el presidente Santos defenderá en persona el marco jurídico para la paz ante la Corte Constitucional, donde se estudia una demanda de inconstitucionalidad en su contra.

 Más allá del lío jurídico, el presidente tendrá que hacer una defensa política, en el momento más difícil, de su decisión de negociar la paz con la guerrilla, y de su ofrecimiento de beneficios si dejan las armas. Sin embargo, su cita llega cuando aún no se han enterrado los cuerpos de los 15 soldados emboscados por las Farc en Arauca, sin avances recientes en las negociaciones de La Habana y en el mayor momento de turbulencia social de su mandato. Parece un momento de vencer o morir.

El marco jurídico para la paz es fundamental para el Gobierno por dos razones. Primero, como herramienta en la mesa de negociación con las Farc, que no tendrían incentivos para renunciar a las armas sin una garantía constitucional de que van a recibir un tratamiento especial de la justicia. Por otro lado, porque es el mecanismo jurídico que le da sustento al sistema de justicia transicional que le debería poner fin al conflicto armado en caso de que la negociación tenga éxito.

La demanda contra el marco fue presentada por la Comisión Colombiana de Juristas. Esta ONG de derechos humanos, encabezada por Gustavo Gallón, pasó ya por el que podríamos denominar “test Uribe-Vélez”. Es decir, fue acusada de defender a la guerrilla y ser promotora del terrorismo. No es, pues, lo que uno llamaría una voz de ultraderecha o, como le dicen algunos ahora, de “los enemigo de la paz”.

Eso hace que los retos que presenta a la visión de paz del gobierno sean más significativos que los réditos políticos inmediatos. Por eso tienen peso y deberían generar, sobre todo entre quienes apoyamos este proceso, una reflexión.

Gallón dice, en una entrevista a Razón Pública, que además de sus argumentos jurídicos contra el marco, hay una razón política de fondo con la que no está de acuerdo: “Un proceso de paz sometido a una reclamación constante de justicia tambalea”. Es decir, que los beneficios otorgados a la guerrilla en la forma de renunciar a investigar algunos crímenes, por ejemplo, generarán una reacción pública que hará inviable el fin del conflicto. Aquí elaboro, pero supongo que esta reacción podría ser jurídica, en la forma de demandas a otras cortes internacionales, o también de facto, en la forma de nuevas insurgencias que tengan como su nuevo objetivo político el desconocimiento de los pactos de paz.

Ninguno de estos riesgos, creo, ha sido desestimado por el Gobierno. En lo jurídico, el marco ha pasado por un largo calvario de exámenes y modificaciones que, al menos, indican que fue consultado y discutido. En lo político, por otro lado, existe la sensación de que faltan más esfuerzos. Es entendible el miedo de enamorar a un país de una idea de paz que no resulte. Además de generar falsas expectativas, sería un suicido electoral. Pero si el presidente no se la juega aún más, y espera a que todo el mundo se defina (la Corte, las Farc, los paros, los uribistas, etc.), la historia de su segundo mandato podrían terminar escribiéndola otros.

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