Por: César Rodríguez Garavito

La mordaza privada de los opinadores

Con la compra de El Tiempo por el grupo Sarmiento, muchos columnistas han advertido el riesgo de que los intereses económicos del conglomerado comprometan la independencia del diario.

Se preguntan si los periodistas se autocensurarán, en el mejor de los casos, o serán censurados, en el peor, al informar sobre impuestos, minería, banca y otros temas sensibles para los negocios del propietario.

Tienen razón, pero se quedan cortos. Porque el riesgo de la mordaza privada no es un asunto exclusivo de El Tiempo o de Sarmiento, ni de los medios o los periodistas. Si vamos a discutir seriamente el tema, hay que hablar también de muchas otras formas como el poder privado condiciona la libertad de expresión de columnistas, investigadores y demás generadores de opinión, que ven más fácilmente la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.

El contraste me vino a la mente por una magnífica columna de Paul Krugman en el New York Times, donde desnuda a ALEC, un influyente “centro de pensamiento”. En realidad, según lo dice Krugman con todas las letras, ALEC es un portavoz de las empresas que lo financian (Coca-Cola, AT&T, Exxon, UPS, etc.), para promover cambios en la legislación estadounidense que convienen a sus intereses comerciales.

Al leer a Krugman, es inevitable preguntarse por qué denuncias como ésta son tan escasas entre los columnistas criollos, sean economistas o de otras profesiones. Con escasísimas excepciones (casi todos periodistas de oficio), los opinadores señalan las conductas reprochables de personajes públicos, pero tienen una timidez que raya en el mutismo cuando se trata de criticar empresas privadas.

Cuando se refieren a éstas, tienden a usar convenientes denominaciones genéricas: “las farmacéuticas”, “las empresas de telecomunicaciones”, “las multinacionales mineras”, “las EPS”. No se habla de Roche, la farmacéutica acusada de inflar los precios de sus medicamentos; o de los abusos reportados por los usuarios de Comcel; o de las quejas contra Anglo Gold en las minas de Marmato; o de las indagaciones contra Acemi, el gremio de las EPS privadas, por supuesta colusión para explotar el carrusel de la salud.

¿Por qué la valentía con el Estado y el apocamiento con el sector privado? Las razones son varias, pero todas llevan a la misma fuente que se les critica a El Tiempo y Sarmiento: el poder económico, que funciona como zanahoria o como garrote. La mayoría de las veces opera como zanahoria, como incentivo para autocensurarse. ¿Para qué arriesgar el puesto en alguna junta directiva con opiniones que molesten a las empresas? ¿Por qué poner en peligro una lucrativa asesoría? ¿O el turno en la puerta giratoria entre la consultoría privada, un cargo en una agencia reguladora estatal, y un futuro puesto directivo en una empresa del sector regulado?

Otras veces, el poder económico funciona como garrote, como censura. Basta recordar el pleito que armó el empresario Carlos Mattos cuando se sintió aludido por una columna.

De modo que el poder privado puede significar una mordaza tan ceñida como la censura estatal. El problema es que es menos visible y regulada. Mientras que hay todo un sistema jurídico de derechos humanos para defender la libertad de expresión frente a maniobras de los gobiernos, no hay una regulación de los conflictos de interés de los generadores de información y de opinión (columnistas, centros de investigación, firmas de consultoría, ONG, etc.) en temas que involucran a empresas con las que tienen nexos.

Nada de esto significa que no pueda haber relaciones productivas y transparentes entre empresariado y opinión. En otras columnas he defendido la filantropía como una forma de patrocinar causas de interés público, incluyendo el periodismo y la investigación. Pero, a falta de discusión pública y estándares de transparencia, la línea entre filantropía y mordaza es borrosa. Y el resultado es un prudente silencio.

* Miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org).

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