Por: Juan Gabriel Vásquez

Morir en un país católico

El trayecto del Aeropuerto de Dublín al centro de la ciudad toma habitualmente unos veinte minutos, pero el día de mi llegada nos tardamos casi una hora.

La razón, me explicaron mis anfitriones, eran unas manifestaciones por la muerte (o las circunstancias de la muerte) de una mujer. “Hoy me avergüenza ser irlandesa”, me dijo mi anfitriona. Por fortuna para mí, casi una hora en un carro da para mucho, y más si uno la comparte con una persona inteligente y bien informada, y así acabé conociendo los detalles de un caso que debería ser ejemplar, o por lo menos elocuente, para los lectores colombianos.

La mujer muerta se llamaba Savita Halappanavar. Tenía 31 años; era dentista; tenía 17 semanas de embarazo cuando llegó al hospital de la Universidad de Galway, al oeste de Irlanda, quejándose de dolores de espalda. El diagnóstico le informó que estaba perdiendo el bebé y que la situación —el aborto natural, quiero decir— era inevitable. Durante varios días de intenso dolor, su marido pidió repetidamente que se le hiciera un aborto quirúrgico, pero el hospital se negó con el argumento inicial de que el corazón del feto latía todavía, y luego con un argumento subsidiario y definitivo: “Usted está en un país católico”, le dijeron. Poco después, cuando el latido se detuvo, los médicos sacaron el feto muerto, pero fue demasiado tarde: Savita Halappanavar murió de septicemia el 28 de octubre pasado, y la mitad de Irlanda todavía no se recupera. “Hoy me avergüenza ser irlandesa”, me dijo mi anfitriona. “Usted está en un país católico”, le dijo el hospital al marido que ahora ha perdido a su mujer, y que sabe, como sabemos todos, que esa muerte no era necesaria, que hubiera podido evitarse.

Irlanda, como se sabe, es un país de una vieja y arraigada tradición católica. Esto quiere decir, entre otras cosas, que los grupos de presión católicos son numerosos y están muy bien financiados. En 1983, como resultado de la muy bien financiada presión de estos grupos, la Constitución irlandesa se reformó para prohibir el aborto, aun en casos de violación o de complicaciones médicas o de bebés que nacerían muertos. El resultado es que desde los años 80 unas 138.000 mujeres han tenido que viajar a la vecina Inglaterra para abortar, incluyendo a una niña violada a sus 14 años que en 1992 fue noticia porque el Estado quería prohibirle viajar. Las que no pueden viajar, sea por razones económicas o (como Savita Halappanavar) por imprevisibles razones médicas, suelen sufrir las consecuencias: las consecuencias de un embarazo no deseado que a veces las obliga a una vida de sufrimiento y a veces puede, simplemente, acabar con sus vidas. Como le ha sucedido a Savita Halappanavar.

Pero la gente con la que hablo en Dublín está de acuerdo en una cosa: todo está cambiando. La autoridad de la Iglesia, que en 1983 estaba incólume, hoy se encuentra disminuida: en Irlanda se han dado algunos de los casos más graves de abusos sexuales por parte de curas y de encubrimiento doloso por parte de la Iglesia. Con algo de suerte (o de sentido común), las manifestaciones que entorpecieron mi llegada acabarán forzando a los partidos políticos a revisar la reforma de 1983, y dejará de ser necesario que una mujer joven y sana muera solamente por vivir en un país católico.

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