Muchas preguntas, pocas respuestas

Rodolfo Arango
24 de agosto de 2011 - 11:00 p. m.

Los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes juegan con fuego.

Sobre sus cabezas pende un prevaricato si no toman en serio su función constitucional. A estos congresistas corresponde determinar si el expresidente Uribe sabía de las interceptaciones ilegales. El show que orquestó el procesado en su versión libre y la actitud entre torpe y cómplice de los investigadores no deja bien parada a la justicia. Las confesiones de altos funcionarios del DAS hoy condenados no dejan duda del concierto para delinquir que se orquestó desde la cúpula del órgano de inteligencia del Estado. El escándalo tiene en la cárcel al exsecretario privado de la Presidencia de la República y huyendo de la justicia —por consejo del propio Álvaro Uribe— a la exdirectora María del Pilar Hurtado. Nada hay de persecución criminal contra un anterior gobierno. La pregunta es si su jefe conoció de las interceptaciones ilegales. Algunos datos pueden refrescar la memoria sobre el contexto en el que ocurrieron los hechos y dotar a los investigadores de elementos de juicio.

El 11 de septiembre de 2001 caen las torres gemelas tras el ataque de Al Qaeda. Bush declara la guerra al terrorismo. En abril de 2002 la Corte Constitucional declara inconstitucional la ley de seguridad nacional. Con las banderas de la seguridad democrática, Uribe sube al poder y es recibido con saludos de mortero, presumiblemente por las Farc. En el cargo de subdirector del DAS hace nombrar a José Miguel Narváez, oficial de reserva del Ejército, instructor de lucha antiguerrilla y asesor del Ministerio de Defensa, actualmente procesado como uno de los responsables de las interceptaciones ilegales del DAS y de los crímenes de Jaime Garzón y Manuel Cepeda, entre otros. El 7 de febrero de 2003 se produce el atentado terrorista de las Farc al Club El Nogal, con un saldo trágico de 36 muertos y 167 heridos. En marzo 1° de ese año, el ministro del Interior y de Justicia presenta al Congreso de la República el proyecto de acto legislativo conocido como Estatuto Antiterrorista. La propuesta otorga al Ejecutivo, entre otras, la atribución de interceptar comunicaciones privadas, sin orden judicial, con fundamento en serios motivos, para prevenir actos terroristas. Aunque el acto legislativo sujetó el desarrollo de las atribuciones a una ley estatutaria posterior o, en su defecto, a una reglamentación expedida por el propio Ejecutivo, la reforma constitucional dio vigencia a la interceptación de comunicaciones sin orden judicial desde su promulgación el 10 de diciembre de 2003. Tres meses después, el 2 de marzo de 2004, se dictó el decreto presidencial 643 de 2004, por el cual se reestructuró el DAS y se otorgaron al director de la entidad, entre otras, funciones de inteligencia estratégica a ejercer “con la inmediata colaboración del subdirector”. Por ese entonces el subdirector Narváez organiza el grupo de inteligencia estratégica G-3, encargado de seguimientos e interceptaciones. En agosto de 2004 la Corte Constitucional tumba, por vicios de forma, el Estatuto Antiterrorista.

Cabe preguntarse: en los siete meses de vigencia del Estatuto, ¿supo el presidente Uribe de interceptaciones sin orden judicial realizadas desde el DAS? ¿Desconocía que cinco años después de la caída del Estatuto se seguían haciendo interceptaciones ilegales por los directores del organismo de inteligencia bajo su responsabilidad?

 

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