Por: Javier Moreno

La muerte de Clisman Túquerres

Hace una semana un balazo mató a Clisman Eduardo Túquerres en La Buitrera, un corregimiento de Cali.

Clisman Túquerres tenía 19 años y estaba viendo un partido de fútbol en el que jugaba su novia. Su hermano menor, de 14 años, llamó “aguacates” a unos agentes de policía y estos procedieron a reprenderlo agresivamente. Clisman intervino.

En circunstancias todavía por aclarar, Clisman Túquerres recibió un disparo en la nuca proveniente de la pistola de dotación de uno de los agentes. La bala salió por la frente. Llegó al hospital con muerte cerebral y falleció 24 horas más tarde.

Hay un video en internet donde Clisman Túquerres yace en el piso de la cancha y convulsiona. La cabeza está lavada en sangre. Hay gritos de adultos y niños alrededor y también llanto. ¡Está muerto!, dicen. ¡Todavía respira!, dicen otros. Piden ambulancias. Dos agentes se acercan al cuerpo boca abajo, le dan vuelta con torpeza y lo levantan. Es un niño con los ojos vacíos. Lo llevan cargado hasta una camioneta y se van. Un perro negro corre tras la camioneta. Más gritos. Alguien pregunta si le tomaron la placa al agente que disparó. Ahí termina.

El comandante de la subestación de La Buitrera pidió a la comunidad que “no estigmaticen a los agentes” por lo ocurrido y aseguró que “rechaza la violencia contra la sociedad”. Aparentemente hay una historia larga de abusos policiales en el pueblo. Los agentes involucrados fueron detenidos y serán procesados por la justicia penal ordinaria según la personería de Cali. Nos dicen que el crimen no quedará impune. Se supone que eso debe aliviarnos pero no lo hace porque sabemos que no impedirá que vuelva a pasar.

A principio de agosto, en Bogotá, Julián Mancilla Barreto, de 17 años, recibió cinco tiros por la espalda cuando intentó resistirse asustado a una requisa de un agente de la Sijin vestido de civil.

A mediados de agosto del año pasado, también en Bogotá, Diego Felipe Becerra, de 16 años, fue abaleado por un patrullero durante una requisa y luego los policías involucrados montaron pruebas falsas para justificar su homicidio.

No será sistemático, pero es recurrente. Así fueran solo tres, son inaceptables.

En teoría, cuando la sociedad, por medio del estado, le entrega un arma de fuego a un agente de policía, el agente acepta un compromiso implícito. El compromiso es que el agente no puede usar esa arma para intimidar, reprimir, juzgar ni condenar. Esas no son sus funciones. Su arma es una herramienta extrema de defensa de los voluntariamente indefensos contra amenazas igualmente armadas. Cada vez que un agente rompe este compromiso, la confianza que la sociedad confiere a la policía languidece. Esta confianza es vital. Sin ella, la policía pierde su sentido.

Los homicidios de Becerra, Mancilla y Túquerres requieren una respuesta que vaya más allá de prometer los obligados procesos penales y disciplinarios. En el fondo de cada uno de estos casos hay problemas evidentes de entrenamiento, disciplina y comprensión del papel de la policía en la sociedad. A la policía le corresponde demostrarnos que estos problemas están siendo confrontados con seriedad a todos los niveles. Por más que sean incidentes aislados, la responsabilidad de cada una de estas muertes recae enteramente en la institución. Entregarles un arma y enseñarles a usarla no es suficiente. Necesitamos policías entrenados para no disparar.

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