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Nada cambia

Armando Montenegro
23 de febrero de 2013 - 09:00 p. m.

ANCREDI FALCONERE, PERSONAje de El Gatopardo, se inmortalizó con la frase “es necesario que todo cambie para que nada cambie”.

Muchas de las cosas de Colombia siguen ese proceso. Después de los escándalos por corrupción, ineficiencia o el desgreño administrativo, se anuncian reformas drásticas, se emiten vistosas leyes y decretos perentorios. La opinión pública esperanzada piensa, por un momento, que las cosas, por fin, van a mejorar. Pero al poco tiempo se da cuenta de que todo se modificó para seguir en las mismas. Muchas reformas son sólo reacomodos cosméticos que permiten que todo siga igual.

Después de la creación de una pomposa agencia para defender al Estado y, sobre todo, después del fallo de la Corte de La Haya sobre el mar territorial, se pensó que Colombia se iba a esmerar en la protección de sus intereses en los foros internacionales. Vana ilusión. La presentación de Colombia ante la CIDH con motivo de los desaparecidos del Palacio de Justicia deja la impresión de que, una vez más, se repetirá el desastre. Nada cambia.

Comisión Nacional de Televisión, después de lustros de discusiones, malversaciones y sinvergüencerías. Con la creación de la Autoridad de Televisión parecía que el Gobierno iba a poder controlar ese monstruo. Ahora, por la vía judicial, se intenta dar un golpe de Estado contra el ministro y el tesoro público sólo para que el monstruo recupere lo que la reforma le había quitado.

En el campo de la construcción de carreteras, la compra de predios y la facultad de expropiar es un buen ejemplo del gatopardismo. Se han hecho numerosas reformas, todas supuestamente dirigidas a solucionar este problema que impide la construcción de las obras. La realidad es que, después de cada reforma, la situación ha quedado igual o peor que antes. Por esta y otras razones semejantes, en materia de licencias y permisos, las carreteras no avanzan.

Los asuntos de las pensiones siguen por el mismo camino. Con las reformas de los años noventa se trató de hacer que las pensiones correspondieran a los ahorros de las personas y que los subsidios se concentraran sólo en los más pobres. Con la reforma constitucional de 2005 se impuso un tope de 25 salarios mínimos para las pensiones subsidiadas. Otra ilusión. Los magistrados se han encargado de que ese límite de 25 salarios mínimos no rija para ellos ni para los congresistas. Y las clases medias subsidiadas, bien representadas dentro del Gobierno, se empeñan en que sus pensiones sean bastante superiores a sus ahorros, claro, con cargo al presupuesto.

El nuevo proceso de paz se construyó cuidadosamente para no repetir los errores del Caguán. Se negoció una agenda concreta y se pusieron plazos definidos para alcanzar los acuerdos. Las Farc intentan ahora desbordar la agenda y prolongar hasta el infinito la duración de la mesa. Por esta vía pueden desgastar a otro gobierno decidido a ponerle fin al conflicto. Pronto lo pondrán en la disyuntiva de levantarse de la mesa o suicidarse ante la opinión pública (en el caso de que el proceso no rinda sus frutos). Parecería que es imposible desviarse del libreto del fracaso del Caguán.

Cuando se observa que tantos problemas de Colombia no se resuelven, a pesar de los anuncios, los planes de desarrollo, las transitorias reformas legales o constitucionales, se entiende por qué el país parece atascado en su mediocridad.

 

 

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