Por: Jorge Iván Cuervo R.

Es necesario salvar a la Corte

El Banco de la República y la Corte Constitucional son las instituciones más importantes de la Constitución de 1991. Con un banco central independiente del gobierno se sacó del ciclo político el manejo de la inflación, y con la segunda se avanzó en una cultura de derechos como nunca antes en nuestra historia republicana.

La independencia e idoneidad de los codirectores del Banco se ha preservado, pero no puede decirse lo mismo de los magistrados de la Corte, que no sólo han disminuido en sus calidades académicas desde la primera composición, la de Ciro Angarita y Martínez Caballero, entre otros, sino que algunos de los magistrados han empezado a entender que el poder que da ser el guardián de la Constitución es muy útil para la defensa de intereses privados con fines de lucro.

El movimiento que dio origen a la Constitución de 1991 se desvaneció muy rápidamente y el sistema político, es decir, la relación que se da entre partidos políticos, Congreso y los gobiernos, ha sido incapaz de profundizar el sentido original del constituyente, especialmente hacia más pluralismo y garantías para los derechos de las minorías. Le ha correspondido entonces a la Corte ser la defensora y desarrolladora de la Constitución, contra viento y marea, con gran respaldo por parte de esa ciudadanía que no siente que la clase política instalada en el Estado sea la defensora de sus derechos.

Las denuncias sobre tráfico de influencias y compra de votos en casos de selección de tutelas para revisión no son nuevas en la Corte, solo que ahora se conocen con nombre propio, en cabeza del magistrado Jorge Pretelt http://lasillavacia.com/historia/pretelt-mas-azul-que-conservador-49724, gracias a lo denunciado por el magistrado Mauricio González, quien señaló que otros dos magistrados le advirtieron que el abogado lobista Víctor Pacheco, venía diciendo que Pretelt le habría pedido 500 millones de pesos y otras dádivas para la ex esposa e hijo González, y de esa manera tumbar una sentencia en la que la Corte Suprema imponía una millonaria sanción a la empresa Fidupetrol. Al baile también salió el ex magistrado de ese tribunal, Rodrigo Escobar Gil, quien reconoció tener un contrato con esa empresa, y quien acompañó de manera indebida al magistrado Pretelt a una entrevista con María Isabel Rueda, como ella misma lo denunció en su columna, y en un almuerzo con González donde le tocó el caso de Fidupetrol de manera indebida.

Con lo que se conoce hasta ahora hay suficientes indicios que permiten concluir que el magistrado Pretelt debe renunciar a la Corte, y no sólo a su presidencia, de manera que pueda realizar su defensa ante la Comisión de Acusaciones sin el poder que da su investidura. Se trata de una exigencia ética, un gesto que muchos agradeceríamos en esta dura coyuntura, que pensara en la integridad que debe caracterizar a un tribunal constitucional y pusiera el interés público por encima de sus intereses particulares.

Columnistas como Ramiro Bejarano piden medidas más extremas, como la revocatoria de todos los magistrados de las Altas Cortes – tendría que ser renuncia porque jurídicamente no procede dicha figura para ese tipo de funcionarios, y de hacerla el gobierno sería un rompimiento de la institucionalidad, un escenario más grave del que ya tenemos.

Lo cierto es que la justicia pasa por su peor momento - justo cuando se discute una reforma a la justicia- y si bien es necesario lavar el agua sucia tenemos que ser cuidadosos de no arrojar el bebé por el retrete.

@cuervoji

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