Negociación

José Fernando Isaza
25 de febrero de 2015 - 10:34 p. m.

Es posible que el núcleo de la negociación Estado-Farc haya concluido.

Se llegó a acuerdos fundamentales como el reconocimiento por parte de las Farc de que son victimarios y aceptan participar en la reparación de las víctimas; las partes reconocen que es necesario afrontar la realidad del problema agrario y de la tenencia de la tierra en particular. Y es significativo el reconocimiento por parte de la guerrilla de que no fueron ajenos al poder corruptor y desestabilizador del narcotráfico.

Es natural que una guerrilla cuyo origen fue político condicione el desarme. Acordar mecanismos de protección a los desmovilizados para que no sean asesinados es obvio. Basta recordar los asesinatos de los jefes guerrilleros liberales desmovilizados; Guadalupe Salcedo es un caso emblemático; otros, el asesinato de Carlos Pizarro y el exterminio de la Unión Patriótica.

Como lo afirma el Gobierno, no se ha negociado ni entregado el modelo político económico, más cerca del neoliberalismo que de un castro-chavismo, como afirman quienes quieren que la guerra continúe.

El meollo es el destino de los comandantes guerrilleros. Se estudian complejos modelos de justicia transicional, coherencia con el Tratado de Roma, mezcla entre justicia y cierto grado de impunidad. Las Farc no se sentaron a la mesa de negociación para que sus jefes sean extraditados o llevados a prisión. Están militarmente debilitadas, pero no derrotadas.

La negociación que sigue es con la opinión y con el Centro Democrático. Considerando la alternativa de cero cárcel para los comandantes, en la práctica eso está ocurriendo: ni los jefes estaban presos cuando se inicio la negociación, ni lo estarían si ésta se rompe; los otros comandantes tampoco están detenidos; podrán ser capturados o abatidos, con el alto costo de continuar la guerra.

Con el Centro Democrático hay campo de negociación: la justicia transicional, un cierto grado de impunidad, se aplicaría también a los miembros del Ejército involucrados en acciones irregulares producto de una guerra que por su duración e infiltración del narcotráfico y por los paramilitares degradó combatientes en ambos bandos.

Por otra parte, muchos de los seguidores del expresidente hoy están condenados por relaciones con los paramilitares con penas mayores que las recibidas por los cabecillas de estos grupos. Todavía se recuerda la frase del entonces presidente: voten por los proyectos del Gobierno antes de que los lleven a la cárcel. La justicia transicional también debería cobijarlos si se logra un tratado que impida la combinación de las armas con la política.

Más que sapos habría que tragar iguanas, pero al menos ese altísimo costo se justifica para que Colombia pueda dejar atrás, sin olvidarlo, su pasado violento.

Por otra parte, no hay que olvidar que la mayoría de los asesinatos de civiles indefensos por parte de miembros del Ejército, para mostrar resultados y obtener prebendas, se produjeron cuando el jefe máximo de las Fuerzas Armadas era el presidente Uribe. En muchas ocasiones lo minimizó: “Más que falsos positivos son falsas denuncias”, o lo justificó: “No estaban recogiendo café”. Bajo su administración se produjo la directiva del Ministerio de Defensa que “premiaba” las bajas de combatientes rasos no identificados, lo cual incrementó los “falsos positivos”.

Apoyo la propuesta del expresidente Gaviria de justicia transicional para todos.

 

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