Por: Alfredo Molano Bravo

¡No faltaba más, carachas!

A LA CLASE MEDIA —QUE TIENE TANto carro— le gusta ir por tierra a la costa y por eso está pendiente de la “Ruta del Sol”, que ha tenido mil inconvenientes por contratos mal redactados por funcionarios con aspiraciones a trabajar con contratistas millonarios, y exempleados del Gobierno que saben de letra menuda.

Pero el Gobierno, con la “ley de infraestructura”, quiere ganarse a ese sector social con el argumento de que a Santa Marta no se puede ir en ocho horas porque los indígenas de la Sierra Nevada se han atravesado con la consulta previa y las normas ambientales impiden que se arrasen bosques y se desequen humedales. Del Congreso saldrá una ley que obvie esos problemitas. Julián Cardona, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), opina con prepotencia que si las licencias ambientales no se tramitan pronto, se deberá revisar su existencia. Nuevamente los negros intereses de carboneras, petroleras y grandes contratistas de obras civiles prevalecen sobre los de la gente y traman a la opinión pública.

El Gobierno, entonces, anunció una perla que parece inspirada por el mismísimo Uribe: un proyecto de ley para “brindarles” —diría la SAC— seguridad jurídica a los inversionistas que se han brincado la Ley 160. De entrada, los baldíos adjudicados a los dos días de entrar a regir la ley podrán ser acumulables en cualquier extensión —articulito que muestra la uña Urrutia—. Sin duda, los predios comprados por los Nuevos Llaneros —Marval, Rayco, McPollo, Comertex, Contegral, Premex, Finca, Frico, Pachito Santos, Luis Carlos Sarmiento— gozarán del privilegio: se creará la figura de baldíos reservados para “personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas”, es decir, nada para zonas de reserva campesina, que era la letra y el espíritu de la Ley 160. Se sabe que el Gobierno ordenó al Incoder congelar el tema para en su lugar impulsar las alianzas productivas, para convertir a los campesinos en trabajadores agrícolas “a todo costo”, es decir, sin derecho a prestaciones. ¿Qué más puede significar que se promoverá “el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad y su permanencia en ella, en condiciones que aseguren el mejoramiento real del ingreso y la calidad de vida de los campesinos y permitir el desarrollo de los distintos modelos de producción agropecuaria”? El artículo 3 ya no parece redactado por Uribe ni por Urrutia, sino por Laureano Gómez: “La ocupación de baldíos no constituye posesión”. Es decir, el Estado no reconocería las mejoras de los campesinos. ¡Qué Ley 200 ni qué carajo! Por eso el presidente ha ordenado “un inventario de los baldíos, su ocupación, el avalúo de los bienes”. En otras palabras: pintar un mapa para indicar a los empresarios dónde comprar.

La magistral pieza jurídica se complementa con la objeción presidencial —aprobada hace poco— a la Ley 46 de 2011, que buscaba limitar la distribución de baldíos a familias campesinas pobres y autorizaba al Incoder a definir el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), trabajo que, por lo demás, ya había adelantado. El Gobierno consideró que el campesino carece de capital para trabajar la tierra: “Poner a producir un predio exige un capital inicial que las familias pobres no pueden proveer”. Punto. ¡A trabajar de peones! Más aún, ¿pobres? ¿Acaso no se acabaron como se acabaron los atropellos a los derechos humanos? ¿Acaso no hay otros adjudicatarios como Cangil y Riopaila, capaces de aprovechar la tierra mejor que un pobre colono expulsado de Montes de María?

Punto aparte: he lamentado la muerte del Mono Salgar, un periodista que sabía entender al hombre de la calle como nadie y hablar como ninguno en su nombre.

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