No lo dilate más, señor Ministro

POCAS COSAS DESCONCIERTAN MÁS a los ciudadanos que la falta de transparencia en las actuaciones del Gobierno. Cuando se percibe que la administración maneja a su libre arbitrio —sin la claridad que amerita— decisiones de vital importancia, como el precio de los combustibles, se erosiona la confianza en el Estado, confianza que es la piedra angular en la cohesión de la sociedad.

Para todo colombiano, indistintamente de su estrato, es inexplicable el hecho de que a medida que el petróleo baja en los mercados internacionales, el precio de la gasolina sigue aumentando. El 10 de noviembre, cuando el precio internacional del petróleo llegó a los 63 dólares el barril, el Ministro de Minas y Petróleos afirmó que por primera vez en ocho años ya no era necesario subsidiar la gasolina, pero que se mantenía el subsidio al acpm (diésel). Es decir, que el precio local llegó a la paridad de exportación. De esta fecha al día de hoy, el petróleo ha bajado entre el 15 y el 20%. Sin embargo, la gasolina no ha bajado un solo peso. Entonces se pregunta el usuario: ¿si ya no hay que subsidiar la gasolina, por qué no baja el precio en el surtidor cuando baja el precio internacional del petróleo? ¿Por qué se están cambiando las reglas del juego?

Es muy complejo predecir para dónde va el precio del petróleo. La crisis, cuyos efectos principalmente se van a sentir es en Estados Unidos y en Europa, pareciera indicar que los precios van a seguir bajando. Luis Giusti, ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cree que los precios pueden volver a subir marginalmente, manteniendo un piso: “En 2009, el precio del barril de petróleo podría cerrar en US$75, el piso estaría en US$60, no sin antes caer un poco más a US$40 o US$45 el barril”. Para Giusti es la evolución de las economías de Europa y Estados Unidos las que van a marcar el camino en los precios de los hidrocarburos.

El Gobierno debe aprovechar la actual coyuntura del precio del petróleo a la baja —protegido en buena parte por la sombrilla del considerable capital político que todavía mantiene— para desmontar la política de subsidios a los hidrocarburos. Dilatar el desmonte por razones de inflación no tiene ningún sentido, ya que todo subterfugio artificial termina causando más daño que beneficio.

En el horizonte macroeconómico hay serios nubarrones: en el sector externo, los precios de los principales productos de exportación, el petróleo y el carbón, han disminuido de manera importante; la inversión extranjera, por razones de la crisis mundial, va a sufrir una merma considerable; el crédito externo no va a estar disponible ni en las cifras ni en las condiciones de antaño; las remesas, al igual que la repatriación de capitales, va a ver una importante disminución.

En el campo interno hay indicios claros de desaceleración: la demanda agregada se ha contraído; el desempleo está en aumento; la construcción ha disminuido su ritmo de crecimiento; y el crédito se va a contraer de manera importante. En resumen, no es un panorama alentador para las finanzas públicas y el mantener un subsidio —que en buena parte sólo beneficia a los estratos más altos— es una política equivocada. Estos $2.000 billones los requiere la Nación para utilizarlos en programas con impacto social mucho más significativos como son la educación y la salud. No tiene mayor justificación el que el Ministerio de Minas demore el desmonte de los subsidios hasta 2009 en el caso de la gasolina, y en 2010 en el caso del acpm.

El precio transparente de los combustibles le devuelve credibilidad al Estado y les permite a los usuarios tomar decisiones ceñidas a los costos reales; no en costos fijados aleatoria y arbitrariamente por el Gobierno.

No lo dilate más, señor Ministro.