Las Farc dejan todas sus armas

hace 3 horas
Por: Daniel García-Peña

No los maten

En 2016 fueron asesinados 80 líderes y lideresas sociales en el país, 17 más que en 2015, según el informe “Contra las cuerdas” de Somos Defensores. Estas cifras no distan mucho de los 120 líderes asesinados entre enero de 2016 y febrero de 2017, según la Defensoría del Pueblo, mientras que la Fiscalía y los Ministerios del Interior y Defensa hablan de 64 durante el mismo período.

Toda vida humana es invaluable. Y líderes sociales son mucho más que individuos: son sus comunidades y organizaciones y cualquiera que se siente representado por su causa. Sus muertes violentas destruyen el tejido social. Cada líder social asesinado representa una pérdida inconmensurable para el país en su conjunto, especialmente en este momento en que buscamos superar décadas de conflicto armado y se intenta construir paz en los territorios de la guerra, para lo cual el liderazgo social es primordial.

La Fiscalía niega “sistematicidad” y prefiere verlos como “casos aislados”, pero lo cierto es que la mayoría son luchadores por la restitución de tierras y los derechos humanos. Un número elevado son de Marcha Patriótica, que informó que 51 de sus integrantes fueron asesinados en los cinco meses posteriores al 29 de agosto de 2016, día en que entró en vigencia el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC.

Según el Representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, cerca de 50% de los asesinatos de líderes ocurrieron en las proximidades de las zonas veredales donde están concentradas las FARC. Estos lugares, a la vez, serán dónde seguramente se implementarán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) y probablemente coincidirán con las circunscripciones especiales para la paz. En el Cauca, Antioquia/Córdoba y Norte de Santander, entre otros, se trata de personas con el perfil idónea para haber sido candidatos a esos nuevos espacios, lo cual de por sí, les da un carácter político a los asesinatos de líderes sociales.

Son frecuentes las alusiones a lo sucedido hace treinta años con la Unión Patriótica, pero hay diferencias con esa época. Uno de los grandes aciertos de este proceso fue la participación directa de militares, retirados y activos, en la negociación. En particular, el equipo encabezado por el general Flórez realizó un trabajo muy profesional que se refleja en la seriedad de los protocolos, pero sobre todo en la creación de confianza entre antiguos enemigos, elemento fundamental para que el cese al fuego y dejación de armas, con sus tropiezos, sigan firmes hacia delante. La existencia del Comando de Transformación Ejército del Futuro COTEF es otra muestra de que estamos en una etapa distinta a aquella en la cual miembros retirados y activos jugaron un papel directo y determinante en el asesinato sistemático de los líderes de la UP.

Sin embargo, por importante que sea, la transformación no sucede de la noche a la mañana, particularmente en instituciones complejas como las FFAA. El cambio de doctrina militar no es una cuestión semántica sino de reingeniería cultural. Viejas relaciones con estructuras paramilitares no desaparecen por si solas. El poder corruptor del narcotráfico, ni hablar. Azuzados por ACORE, es inevitable que en algunos sectores siga el concepto de “enemigo interno” que considera la protesta social como subversiva. Si bien el caso de la UP es el más próximo, la eliminación sistemática de la oposición ha sido el modus operandi de quienes ostentan el poder desde el genocidio del movimiento gaitanista en los cuarenta y cincuenta.

Por ello, los asesinatos de líderes sociales hoy en Colombia no es asunto coyuntural ni aislado, sino histórico y estructural. La investigación, enjuiciamiento y castigo a los responsables, y sobre todo la prevención y eliminación de la práctica, es urgente. Encuentros como el propiciado por la ONU entre la Fiscalía y el CRIC es un ejemplo de diálogos nuevos para tiempos nuevos. La implementación exitosa del acuerdo con las FARC, así como cualquier eventual acuerdo con el ELN, depende de las organizaciones sociales y de las garantías para que sus líderes y lideresas puedan ejercer sus derechos. Pero, sobre todo, de eso también depende la posibilidad real de transitar hacia una democracia más amplia y sin violencia.

[email protected]

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Daniel García-Peña