Por: Gustavo Gallón

No más torturas

En Colombia hay casi 120.000 presos, con un porcentaje de hacinamiento del 53%, en promedio. En la cárcel de Riohacha es del 481%, o en la Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, del 98%.

La prestación del servicio de salud en las prisiones fue declarada como un estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional en 1998, y continúa así, aunque en 2014 se creó para el efecto un nuevo sistema de salud, el cual no ha sido implementado. Hay reclusos que han tenido que pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que los atienda un médico. Hay otros que han muerto por falta de dicha atención médica.

Raros son los establecimientos con instalaciones adecuadas: en la cárcel Picaleña, de Ibagué, solo había servicio de agua tres veces al día, durante 20 minutos, según se constató en una tutela de 2013; en la penitenciaría Las Heliconias, de Florencia, sólo había dos baños para 175 internos, también según otra tutela de 2013. Además, suele haber abusos: entre 2010 y 2014 Medicina Legal valoró 2.425 presos con lesiones personales.

Con este prontuario se está presentando el Gobierno ante el Comité contra la Tortura, en Ginebra, hoy, a rendir cuentas del cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además de los evidentes ultrajes en las prisiones, deberá responder por las víctimas de violencia sexual y las de agresiones con agentes químicos, así como contra población LGBTI o contra personas en condición de discapacidad, los abusos de la fuerza pública frente a la protesta social, el maltrato a la población en zonas militarizadas, las “casas de pique” en Buenaventura, las “batidas” para reclutamiento militar, o la deplorable atención psicosocial a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Las torturas contra defensores de derechos humanos también serán tenidas en cuenta, incluidas las amenazas (888 entre 2010 y 2014) y las chuzadas del DAS, sobre las cuales se adelanta investigación judicial por el delito de tortura psicológica.

Y sobre todo, la impunidad: entre 2010 y 2014 la Fiscalía ha reportado apenas una sentencia por tortura, y treinta denuncias más, la mayoría inactivas. El Gobierno, por su parte, ha venido promoviendo una ampliación del fuero militar que excluiría de la justicia ordinaria casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El anterior examen sobre estos temas tuvo lugar en 2009. El Comité contra la Tortura recomendó entonces al Gobierno que se adhiriera al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Así, recibiría asesoría, en relación con estas violaciones, del Subcomité para la Prevención de la Tortura, integrado por 25 expertos internacionales, que estaría autorizado para visitar prisiones, y existiría un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. También le recomendó que autorizara al Comité contra la Tortura para recibir denuncias individuales, conforme al artículo 22 de la Convención.

Sería esta una oportunidad apropiada para aceptar esas sabias recomendaciones, sin esperar a que sean reiteradas de nuevo por el Comité. Que no se prolongue por más tiempo la tortura.

*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)

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