Por: Moisés Wasserman*

Nueva Ley de Educación Superior

Después de una ansiosa espera, el presidente presentó el proyecto de ley de educación superior. Se trata de una reestructuración general del sistema. Nadie duda que la vieja Ley 30 merecía un cambio. El proyecto, que se presentó para sustituirla, es complejo y tiene aciertos, pero también disposiciones que generan dudas y serán evaluadas cuidadosamente.

La primera, que ya comenté en El Espectador, es que no atiende el problema de la crisis financiera de la universidad pública. No repetiré los argumentos, pero debo decir que esta es una preocupación mayúscula.

Se trasluce del contenido y presentación del proyecto de ley que el Gobierno tiene una insatisfacción con el nivel de cobertura y la calidad del sistema. Para resolver esos problemas se necesita una inversión alta. Con pocos recursos no se pueden tomar medidas extraordinarias basadas en una declaración de “catástrofe” o de “prioridad de Estado”. La educación superior no dio para tanto y la decisión fue buscar recursos adicionales en el sector privado.

Eso se expresó en la propuesta de alianzas público-privadas y en la creación de una nueva “especie” de universidades: las privadas con ánimo de lucro (que tendrán una discusión aparte). El fundamento real es incierto. Las asociaciones entre universidades públicas y sector privado existen hace años; para la muestra, los comités Universidad-Empresa-Estado. Esas alianzas tienen potencial para promover investigación e innovación, pero no para apoyar programas educativos o reemplazar al Estado.

Hay problemas filosóficos que enfrentar, pero la discusión debe basarse, en esta primera fase, en estudios técnicos rigurosos sobre la manera como la propuesta resuelve o no los problemas que aborda. Hay que hacer los cálculos: ¿Es posible que el sistema crezca 37% y mejore su calidad con un aumento del 20% de los recursos estatales? ¿Es posible crear en 3 años 605.000 cupos de pregrado y 40.000 de posgrado con los recursos propuestos?

Cálculos a mano alzada nos dicen que invirtiendo en cupos nuevos todos los aportes “adicionales” de la ley para el sistema universitario estatal, y olvidando cualquier iniciativa de mejora de calidad, apenas se cubriría el 6% de la meta total. Por otro lado, si no queremos empeorar la relación de alumnos por profesor, se necesitarían 25.000 nuevos docentes, un número que seguramente no está disponible en Colombia.

Hay que ver si se está hablando de propuestas realistas o de un discurso que describe expectativas de un pensar con el deseo, de una casita en el aire.

*Rector de la Universidad Nacional.

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