La nueva reforma tributaria

Durante dos años señalé reiteradamente las deficiencias de la reforma tributaria del 2012. En aras de aliviar la carga tributaria de las empresas a fin de aumentar el empleo y la competitividad externa, el Gobierno se comprometió en un expediente que baja los gravámenes del capital y sube los del trabajo. En cierta forma, se continuó la concepción clásica de gravar al trabajo y los bienes necesarios que, por tener ofertas inelásticas, le introducen menores distorsiones al mercado y fortalecen el recaudo.

La regresividad del sistema refleja claramente en la información reportada por la DIAN. Mientras las empresas tiene tasas de retención en la fuente de 3% del ingreso, las personas naturales con ingresos superiores a $ 5 millones, sufragan por encima de 6% y hasta 20%. Por lo demás los recaudos tributarios por la reducción de los parafiscales no alcanzo a ser compensado con el impuesto a las utilidades (CREE). Para completar, la reducción de la dispersión del impuesto al valor agregado significó la elevación de las tarifas relativas de los bienes necesarios.

No menos diciente es la información de recaudos en lo corrido del año. El impuesto a la renta crecerá cerca de cero en términos reales y el de las ventas alrededor de 7%. La dinámica fiscal cambio radicalmente. Antes de la reforma los ingresos tributarios y los recaudos de la renta crecían muy por encima del producto nacional y más que el IVA, y ahora ocurre lo contrario. El sistema se hizo más inequitativo: los gravámenes directos perdieron progresividad avanzan en forma más lenta que los indirectos.

La reforma no alcanzó los objetivos previstos. La menor carga tributaria de las empresas no ha afectado mayormente el empleo y la competitividad. El empleo creado en el año y medio que siguió a la reforma es menor que el del mismo periodo que la antecedió y los índices de informalidad no registran variaciones significativas. De otro lado, los efectos sobre la competitividad están muy lejos de compensar la cuantiosa revaluación del tipo de cambio. En el año y medio que siguió a la reforma las exportaciones industriales y agrícolas descendieron drásticamente con respecto a la tendencia histórica.

El Gobierno y los centros de estudio que negaron reiteradamente el resultado descrito, lo acabaron reconociendo ante la evidencia de los hechos. La administración se encuentra ante necesidades en salud, educación e infraestructura que no las puede afrontar con la estructura fiscal existente. Así lo claman los defensores de la reforma, que en la angustia proponen elevar más los gravámenes a las personas naturales, es decir, a los ingresos del trabajo.

La cadena de equivocaciones está a la vista. La reforma de 2012 bajo los impuestos al capital y subió los del trabajo para aumentar el empleo y reducir la informalidad. El propósito no se logró y, en su lugar, se redujo la capacidad de recaudo y se acentuó la regresividad. Ahora, se pretende profundizar la inequidad para mejorar la capacidad de recaudo. La anarquía no podrá detenerse mientras no se acepte el fracaso de la reforma 2012 y se de paso atrás retornando la tasa de las personas jurídicas a 32%.

El país no tiene claridad sobre la política fiscal. La costumbre es presentar las reformas como un medio para gravar más a los que tienen más, y en la práctica hacer todo lo contrario. Esta actitud tiene una clara responsabilidad en las enormes desigualdades de la sociedad colombiana. Una de las condiciones necesarias para remontar los elevados índices de inequidad es una política fiscal que, por el lado tributario, modere las enormes ganancias del capital y, por el lado del gasto, eleve los ingresos del 50% más pobre.