A pesar de la protesta en esta ciudad de los críticos, legisladores prochavistas aprobaron las medidas en las últimas semanas del año, antes de que una legislatura menos maleable se reúna el mes entrante con mayor presencia de la oposición.
Las leyes no son particularmente sorprendentes. Los legisladores han otorgado en repetidas ocasiones poderes a Chávez, y ya antes se había sugerido una nueva medida para controlar la autonomía universitaria. Otra ley sólo aumenta los mecanismos jurídicos existentes que los grupos de derecha sostienen se usan para disuadir a los medios informativos de criticar al gobierno.
No obstante, las leyes reflejan un alejamiento del anterior centro de atención de Chávez en crear nuevas instituciones, como canales estatales de televisión y universidades, que promueven la ideología de inspiración socialista de su movimiento.
En contraste, con las medidas más recientes, el presidente y sus partidarios parecen decididos a limitar la influencia de entidades en las que la oposición a su gobierno podría ganar impulso. Por el estilo, una de las nuevas leyes prohíbe que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, incluidas las de derechos humanos, reciban dinero del extranjero.
“Mientras que Chávez antes estaba contento en gran medida creando instituciones paralelas, aquí la intención está muchísimo más concentrada en reemplazar o remodelar instituciones existentes, como univs críticos, legisladores prochavistas aprobaron las medidas en las últimas semanas del año, antes de que una legislatura menos maleable se reúna el mes entrante con mayor presencia de la oposición.
Las leyes no son particularmente sorprendentes. Los legisladores han otorgado en repetidas ocasiones poderes a Chávez, y ya antes se había sugerido una nueva medida para controlar la autonomía universitaria. Otra ley sólo aumenta los mecanismos jurídicos existentes que los grupos de derecha sostienen se usan para disuadir a los medios informativos de criticar al gobierno.
No obstante, las leyes reflejan un alejamiento del anterior centro de atención de Chávez en crear nuevas instituciones, como canales estatales de televisión y universidades, que promueven la ideología de inspiración socialista de su movimiento.
En contraste, con las medidas más recientes, el presidente y sus partidarios parecen decididos a limitar la influencia de entidades en las que la oposición a su gobierno podría ganar impulso. Por el estilo, una de las nuevas leyes prohíbe que partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, incluidas las de derechos humanos, reciban dinero del extranjero.
“Mientras que Chávez antes estaba contento en gran medida creando instituciones paralelas, aquí la intención está muchísimo más concentrada en reemplazar o remodelar instituciones existentes, como universidades, partidos políticos y medios informativos”, explicó Alejandro Velasco, un historiador de la Universidad de Nueva York especializado en Venezuela.
Aunque las leyes se aprobaron durante una pausa en la atención de la población mientras gran parte de Venezuela cerraba por las festividades, su alcance y ambición provocaron una reacción aguda en esta ciudad, incluidas protestas estudiantiles inusualmente enérgicas esta semana, a las que soldados dispersaron disparando cañones de agua y balas de hule.
“Uno tiene que decirlo con claridad: se está imponiendo un nuevo modelo dictatorial en Venezuela”, notó Ismael García, un prominente legislador izquierdista que rompió con Chávez en 2007.
Con una de las medidas aprobadas este mes, se castiga a legisladores que cambian de partido político, prohibiendo a legisladores como García salirse de la coalición chavista para irse a la oposición. En la ley se describe tal movimiento como “fraude”, por el cual se podría descalificar a los tránsfugas para ocupar puestos públicos.
Iris Varela, una legisladora del Partido Social Unificado, el de Chávez, señaló que se necesitaba la ley para evitar que legisladores de oposición fueran elegidos bajo los colores del presidente, “para que después puedan traicionar”.
Dirigentes de oposición dijeron que la ley, junto con otras nuevas medidas, es inconstitucional. Sin embargo, con el sistema jurídico estrechamente controlado por jueces prochavistas que raramente fallan en contra del presidente, no está claro cómo una objeción jurídica ganaría ventaja en los tribunales.
Aunque las principales instituciones políticas de Venezuela han estado controladas por los seguidores de Chávez durante algún tiempo, la facilidad con la que la legislatura aprobó las leyes, con relativamente poco debate entre sus propios integrantes y con prácticamente el silencio del sistema jurídico del país, sorprendió a algunos observadores.
“En Venezuela, la ley se destruye con la ley, el sistema jurídico se destruye con el sistema jurídico y el Parlamento se destruye con el Parlamento”, señaló Fernando Mires, un historiador y filósofo chileno que sigue los acontecimientos venezolanos, en un ensayo en el que analiza la nueva legislación.
Otros en esta ciudad dijeron que la condena de la oposición a la ley es engañosa.
“La oposición, prácticamente desde el principio de la presidencia de Chávez hace más de 10 años, ha estado diciendo que es inminente un régimen dictatorial”, indicó Steve Ellner, un politólogo de la Universidad de Oriente en el este de Venezuela. “Simplemente, no ha resultado ser así”.
Ellner dijo que una de las leyes nuevas, por la cual se prohíbe que las organizaciones no gubernamentales reciban dinero extranjero, se tiene que contemplar en el contexto de las tensiones entre Caracas y Washington. EE.UU. ha enviado millones de dólares a organizaciones venezolanas, muchas críticas del gobierno de Chávez.
“Entre los seguidores de Chávez, la inquietud por la seguridad nacional eclipsa el problema del papel constructivo que pueden tener las ONG en un contexto democrático”, dijo, usando las siglas para organizaciones no gubernamentales.
La extensión de una ley de transmisiones existente para incluir las restricciones a los mensajes por internet que “inciten o promuevan la desobediencia del actual orden jurídico” o “rechacen a la autoridad legítimamente constituida” ha generado inquietudes en los organismos a favor de la libertad de expresión. La norma introduce multas y la suspensión de servicios para sitios web que cometen una infracción.
Cambios a la ley de transmisión también auguran un enfrentamiento con Globovisión, una cadena de noticieros en esta ciudad que sigue criticando al gobierno. El gobierno recientemente se hizo con un interés de 20% en ella, y la ley podría facilitar un cambio mayor en el control al requerir que los dueños de estaciones de televisión se encuentren en Venezuela cuando quieran reanudar las licencias. Los propietarios se exiliaron hace poco en Estados Unidos.
Human Rights Watch sostuvo que el nuevo conjunto de leyes es “un asalto legislativo contra la libertad de expresión” con el que Venezuela estaría violando los tratados internacionales sobre los derechos humanos.