Por: Columna del lector

OEA: del dicho al hecho...

Por Andrea Agudelo Ríos

Como en cualquier ámbito, antes de generar opinión es importante tener conocimiento acerca de lo que se habla. La Carta Democrática iberoamericana es un documento en el cual se consagra el derecho continental a vivir en democracia.

Entendiendo democracia como un principio que va más allá del simple ejercicio del sufragio universal, éste hace también referencia a la separación de poderes, libertad de expresión, pluralidad de partidos, libertad de prensa, control al poder presidencial, respeto a los derechos humanos, entre otros.

Venezuela es un país con una acentuada crisis económica y humanitaria, carente de garantías para sus ciudadanos, con miles de exiliados, opresión a la oposición, inexistencia de libertad de prensa, presos y perseguidos políticos, con notables personajes tales como Leopoldo López.

Surge entonces una importante pregunta: ¿Es actualmente Venezuela una dictadura? Mucho se ha debatido sobre este tema, pero si algo es cierto es que, claramente, no es una democracia. La plaga de atropellos al sistema democrático sufridos en la región ha dejado a su paso una historia manchada de sangre y represión.

Es deber de los países ibéricos velar por la protección y bienestar de todos sus miembros, lo cual implica garantizar la seguridad, tanto dentro de cada país, como entre países vecinos y de esta manera prevenir futuras amenazas.

A partir de la toma del poder de Hugo Chávez en 1999 se da inicio en Venezuela a una era de complicidad con la dictadura de Castro en Cuba, la más antigua de las Américas. Como dijo alguna vez George Bernard Shaw, “no nos hacemos sabios no por recordar nuestro pasado, sino por tomar la responsabilidad de nuestro futuro”.

En este momento, es deber nuestro tomar las medidas que sean necesarias para ayudar a dar solución a la actual situación de Venezuela y que no acabe ésta, como Cuba, en una historia que lamentar.

La Carta se firmó para respetarla y hacerla cumplir, pero tal parece que cualquiera que salga en la defensa de sus principios queda automáticamente tildado de severo, radical o, como le diría la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, al secretario Almagro, un mentiroso.

Es el deber de estos funcionarios públicos velar por el cumplimiento de los tratados y salir a denunciar este tipo de situaciones que tanto afectan el bienestar de nuestras sociedades.

Tras una larga trayectoria de diálogos y acuerdos infructíferos, la población venezolana merece y necesita resultados que de una vez por todas pongan fin a esta insostenible situación en la que se encuentran viviendo, llena de miseria e injusticias, hechos que, como muchos, dejaremos perder en la historia si no actuamos cuando se debe.

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