Operación Rojas

Ya en España no es fácil ver Operación E. Sólo queda un par de teatros que pasan, tarde en la noche, la película basada en la historia de José Crisanto, el campesino que cuidó durante siete meses al hijo de Clara Rojas, nacido en medio de un secuestro en la selva.

Ahora, la esperanza del productor, del director y de todos los que se involucraron en el rodaje es llegar a la audiencia colombiana. Es un interés apenas natural, pues a pesar de que es una producción franco-española, a Colombia le atañe la historia de un campesino que en medio de la guerrilla, los militares y los paramilitares, cuida al bebé de una secuestrada famosa.

Pero Clara Rojas se opone y ha logrado que un juez de tutela impida que transmitan, distribuyan y promocionen la película en nuestro país. El juez no parece haber visto la película ni oído a las firmas productoras, pero considera que Clara Rojas tiene la razón. Las productoras se quejan de que se atropelle la libertad de expresión. La que fuera candidata a la vicepresidencia afirma que está de por medio el derecho de su niño a tener una vida tranquila.

Ambos tienen argumentos de peso. Porque si bien en Colombia no hay censura y la prensa y otros medios de expresión son libres, el derecho a la intimidad también es protegido constitucionalmente. Si se trata de hacer pública la vida personal de alguien que interesa a la sociedad, la protección disminuye. La notoriedad del personaje y la relevancia de un hecho público hacen que haya más interés de la sociedad en informarse sobre su vida y mayor protección para quien lo informa.

Por ejemplo, si se trata de un cargo de elección popular, personas que buscan ganarse la confianza del público para representarlos, su intimidad es la más expuesta a la sociedad y, por consiguiente, la menos protegida. Si se trata de un funcionario público que entra a la vida pública no por elección sino por nombramiento, de manera voluntaria, está un poco menos expuesto que el anterior. Pero en todo caso, en aras de la transparencia y de su manejo de recursos públicos, su comportamiento interesa a la ciudadanía y goza de menos intimidad que un ciudadano común y corriente.

Clara Rojas es un personaje público, porque voluntariamente se propuso como fórmula presidencial de Ingrid Betancourt, aunque fue tristemente su secuestro lo que la catapultó a la fama. Y desde su liberación, ha tendido a mantenerse en el mundo privado. Si bien su historia es de interés nacional, no es claro que su intimidad deba ceder porque la sociedad quiere saber cómo o en qué circunstancias tuvo a su hijo.

Pero aceptemos que es un hecho notorio y de relevancia nacional lo de su hijo en cautiverio y que ahora el problema es distinto. Pues el caso, además de la intimidad de la madre, tiene otra dificultad: el interés del niño. Clara Rojas ha alegado la prevalencia del interés de su hijo a vivir la vida que ella le quiere dar y no la que le ofrecen los medios o la visión que construyen un guionista y un director de cine extranjeros. Su argumento es digno de protección constitucional.

Pero Clara Rojas no puede tener el monopolio de la verdad ni de la historia. Así que esperemos que en este año que comienza, en medio de los avances de los diálogos de paz, el juez de segunda instancia de la tutela encuentre un equilibrio entre los intereses de la madre, los de otros protagonistas de los hechos y los de la sociedad, actores todos a quienes incumbe esta historia.

*Subdirectora de Dejusticia (www.dejusticia.org).