Acuerdo de paz: ¿fortalece o debilita las instituciones?

He venido insistiendo que la principal característica de la política colombiana actual es el enfrentamiento entre el modelo tradicional —el institucionalismo— y el más latinoamericano que apareció recientemente —el caudillismo—.

El primero, hijo del Frente Nacional, se reproduce por vía del clientelismo, y el segundo, surgido con la ola de poder personalista en la región Andina de la primera década del siglo XXI, por vía de un fenómeno de neopopulismo conservador, expresado en un militarismo acentuado que se alimenta del odio a las Farc. Es lo que conocemos como la confrontación entre santismo y uribismo, pero que cobija a la mayoría de partidos políticos, y representa el apoyo o rechazo al proceso de paz con las Farc. Ideológicamente el primero es de centro izquierda, reformista y modernizante, mientras el segundo es de derecha, retardatario y preocupado de que el sistema político colombiano se desestabilice con la desaparición del conflicto armado. Ambos son atajos latinoamericanos para compensar la baja legitimidad del sistema político, sin los cuales la participación política sería aún más baja y quizá no se habría logrado impedir la llegada de la izquierda al poder.

El modelo institucional se caracteriza por la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones, mientras que el caudillista se nutre de la debilidad histórica de éstas y propone reemplazarlas por autoridad, o hasta desacatarlas. Sin embargo, a raíz del proceso de paz, algunos tratan hacer creer que se invirtieron los papeles, acusando al Gobierno de debilitar las instituciones para facilitar la firma de un acuerdo. La pregunta es si el acuerdo de paz fortalecería o debilitaría las instituciones. “Racionalizaciones” (argumentaciones para esconder las verdaderas razones, según W. Parte) sobre la ausencia de cárcel automática para los cabecillas, el plebiscito de refrendación y el blindaje de los eventuales acuerdos, parten del concepto formal de que todo cambio normativo para facilitar el acuerdo de paz debilita el Estado de derecho. Desconocen que nada lo debilita más, que la incapacidad de resolver un conflicto que viola sistemáticamente cientos de normas, incluidas las fundamentales.

El maximalismo institucional que rechaza aún los cambios necesarios con el argumento del respeto a las normas, puede ser en realidad una manera de mantener el conflicto armado. Nada ha generando más impunidad, desangrado más el presupuesto nacional, reforzado más la mentalidad autoritaria y violenta, y sobre todo, anestesiado y blindado más el sistema político corrupto, que el conflicto armado. Al monopolizar la agenda pública, el conflicto ha contribuido a la incapacidad de acabar las plagas endémicas (ilegalidad, impunidad, inseguridad, inequidad, informalidad) que son las que más contribuyen a debilitar las instituciones y la confianza ciudadana en ellas. La Constitución del 91 incluyó dos artículos transitorios otorgando facultades amplísimas al presidente para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros. Y el plebiscito de 1957 estableció cambios institucionales heterodoxos. La justicia transicional, la refrendación popular y la estabilidad de los acuerdos de paz generarán fortaleza, no debilidad institucional.