Árbitros para la paz

En medio del maniqueísmo de este país polarizado, hay quienes reclaman que las instituciones se pongan de su lado. El fin justifica los medios, parecen pensar. La imparcialidad y la equidad de las mismas son vistas como falta de compromiso moral con un Sí éticamente irreprochable o con un No que clama justicia.

Por Iván Garzón Vallejo

Sin embargo, el papel que están jugando algunas instituciones en esta etapa de finalización del proceso es un buen augurio para la implementación de los acuerdos y la cultura política del posconflicto. La Corte Constitucional, la Iglesia católica y la Corte Penal Internacional están demostrando que la paz no requiere tanto activismo sino acompañamiento, y que la imparcialidad no es indiferencia sino cautela.

La sentencia sobre el plebiscito marcó el tono del control de constitucionalidad de las leyes y políticas que implementarán los acuerdos. Al enfatizar la responsabilidad del presidente en el proceso de la refrendación, fijar reglas para la campaña del plebiscito y advertir que la paz no se identifica con la firma de un acuerdo, la Corte Constitucional señaló que su papel institucional consiste en salvaguardar la Constitución y no una política de gobierno, por trascendental que sea. El contraste con la decisión del Consejo Nacional Electoral no pudo ser mayor y enalteció un fallo que el presidente y los partidos de la Unidad Nacional eludieron de modo desafiante.

Asimismo, varios formadores de opinión esperaban un respaldo de la Iglesia católica al Sí, pues consideran que el carácter moral de la paz como ideal político es compatible con la enseñanza social cristiana. La Conferencia Episcopal y el papa, sin embargo, rehusaron ser instrumentalizados para legitimar cuestiones opinables (el producto de una negociación política) cuyos resultados son impredecibles (los fallos de tal o cual juez). Con esta decisión, la Iglesia ratificó su compromiso con la laicidad, que supone la separación entre la Iglesia y el Estado, así como la distinción entre política y religión, y se situó por encima de una controversia con tintes partidistas, como es la que hoy divide a los del Sí y el No.

Finalmente, aunque la fiscal de la Corte Penal Internacional expresó su beneplácito por los acuerdos y destacó que no se pactaran amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, también advirtió que la Jurisdicción Especial para la Paz debe hacer rendir cuentas a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, juzgarlos y sancionarlos efectivamente. De este modo, dicho organismo no otorgó un cheque en blanco, pero tampoco anunció una inminente intervención en el país.

La legitimidad de las instituciones depende de que sean un árbitro imparcial en el cual todos los ciudadanos encuentren garantías. Pero si las instituciones toman partido, se convierten en trinchera de actores o facciones que las instrumentalizan para sus propios fines. La Corte Constitucional, la Iglesia católica y la Corte Penal Internacional están dando una lección de paz: el país seguirá adelante después del 2 de octubre.

@IGarzonVallejo