¿Colombia en la OECD? Revisemos participación ciudadana

Como activista para la defensa de los derechos humanos en Internet sigo desde hace años la construcción de regulaciones relacionadas con tecnología.

En este tiempo, me han frustrado profundamente con los procesos de participación ciudadana en Colombia.

Lo que he visto es la construcción de políticas por unos pocos, esencialmente, por el temor al debate público y abierto. Cuando se animan prefieren escenarios controlados, mediados por invitación, donde los plazos de participación son inciertos pero los de cierre de la política ciertos (usualmente cortos, se hace de afán), no hay definición de metodologías y mucho menos compromisos sobre cómo integrar comentarios ciudadanos. En suma, procesos desgastantes y poco transparentes. Cuando apuestan por procesos públicos suelen ser superficiales, como cuando socializaron Vive Digital por Facebook. Usan lógicas de red social, más como ejercicio de “likes” que compromiso con debates y aperturas y, encima, nunca evalúan el proceso.

Mientras disminuye la participación electoral, aumenta el reclamo de la ciudadanía por intervenir directamente en los procesos de construcción de políticas en los temas que le interesan. Vean, por ejemplo, la reciente regulación de drones: mientras en EE.UU lleva meses de consulta pública, acá se elaboró a puerta cerrada y unas semanas después tuvieron que abrirla a consulta pública (aunque no mencionan plazo, metodología, ni compromiso expreso sobre evaluación e integración de comentarios).

Hay exigencias OECD con las que no estoy de acuerdo, pero en cambio hay otras como las de participación ciudadana que están muy bien. Vean por ejemplo el Manual de Participación Ciudadana que describe diferentes niveles de participación y hace sugerencias a los Estados. Colombia debe analizar seriamente si se queda con los elogios a la “Urna de Cristal” y al uso de “Facebook” que le hizo la OECD cuando evaluó la gobernanza pública colombiana en 2013 o asume que, para ser parte del club, todavía tiene mucho trecho para andar. Mejor estrategia es exigir que todo funcionario público que haga parte de procesos de construcción de políticas públicas como mínimo lea el manual y ponga en práctica los 10 principios rectores: compromiso, derechos, claridad, calendario, objetividad, recursos, coordinación, obligación de rendir cuentas, evaluación y ciudadanía activa.