Cuentas claras (o beneficios espesos)

Dijo CM& el mes pasado que de la lista de 800 colombianos que aparecen en las filtraciones de los Papeles de Panamá, tres personas confesaron en la DIAN que tenían ahorrado dinero en empresas panameñas que no pagaban impuestos.

Aprovecharon para ajustar sus cuentas y aceptaron pagar 13,5% de los 25 millones de USD que tienen en el exterior. Una oportunidad como esta, de arreglar la casa, tienen las Farc si aprobamos el acuerdo de paz, pues el diseño institucional y la tecnología de la información les harán muy difícil esconder sus recursos.

Sobre la producción de dinero, las Farc dicen que ellos son trabajadores y cultivan la tierra, aunque también reconocen el cobro de impuestos por la producción y comercialización de drogas y no pueden desconocer los ingresos por extorsión, robo de ganado y secuestro. Pero Iván Márquez le dijo a la BBC que las Farc no tenían dinero en paraísos fiscales.

Puede que no haya cuentas en paraísos fiscales estrictamente hablando, pero es natural que uno se pregunte si no hay dinero en otras formas, pues diversos medios han hecho cálculos sobre los ingresos de las Farc que las contradicen. Al director de la Unidad Administrativa de Análisis Financiero (UIAF), por ejemplo, le tocó renunciar por contarle a The Economist que el gobierno colombiano les estaba siguiendo la pista a los US$10.500 millones que conformarían el patrimonio de las Farc. Otros medios han anunciado el rastreo de dinero de la guerrilla desde casas de cambio en Costa Rica y Colombia a cuentas en Suiza y Suecia. Además, podrían existir diferentes bienes como oro, tierras y hasta acciones, según lo mencionó El Tiempo.

La contradicción entre la guerrilla y quienes investigan sus ingresos es seria, pero puede resolverse con la implementación del acuerdo de paz y sus mecanismos de justicia y verdad. Si la Jurisdicción Especial para la Paz fuera implementada y la Sala de Reconocimiento encuentra que las afirmaciones de los postulados no coinciden con la información de investigaciones existentes, debe pasar el caso a la Unidad de Investigación y Acusación y, si hay mérito, al Tribunal para la Paz. El paso al Tribunal ya implicaría que el respectivo guerrillero se enfrenta a cárcel de dos a 20 años; además de que los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público y de la moral social, le serían expropiados.

La guerrilla podría estarle apuntando a la dificultad que de hecho existe en la persecución del lavado de activos. Pero esta apuesta es muy arriesgada y le conviene hacer otras cuentas. Primero, porque, además de que naturalmente darían muestras de mala fe, existen investigaciones serias en demasiados organismos estatales que podrían contradecirlos: la UIAF, la Fiscalía, la comunidad de inteligencia y la Policía ofrecen datos claves que debe cotejar la Jurisdicción Especial de Paz en su búsqueda de la verdad. Y segundo, porque las tecnologías como la que permitió la filtración de los Papeles de Panamá permiten cada vez más la trazabilidad de las conductas, lo que incluye, por ejemplo, hacer seguimiento al crecimiento anormal de la economía que se presenta con el lavado de activos. Conviene pues, aprovechar el momento para ajustar y rendir cuentas.

*Subdirectora de Dejusticia www.dejusticia.org