De la insurgencia a la política

La transformación de los grupos rebeldes en actores políticos legales se encuentra entre las variables decisivas para la implementación exitosa de un acuerdo de paz.

Según datos de la Universidad de Uppsala sobre los conflictos intraestatales, de los acuerdos firmados entre 1990 y 2009, 72 grupos armados se convirtieron en partidos en lugares tan distintos como Aceh, Angola, Burundi, Camboya, Colombia, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Irlanda del Norte, Indonesia, Kosovo, Líbano, Liberia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Palestina, Sri Lanka y Sudáfrica. Si bien no existe una fórmula mágica que garantice el tránsito entre la insurgencia y la política, el análisis comparativo de estas experiencias sugiere que son varios los factores que inciden positiva y negativamente. He aquí tres, relacionados con las garantías de participación, el carácter del actor armado y el apoyo internacional.

Toda entrada en escena política está condicionada hoy a la verdad, la no repetición, la reparación y la no impunidad (sin que ello implique cárcel), mientras que las garantías legales de participación han oscilado entre la asignación de curules en la legislatura o de puestos públicos hasta la creación de esquemas de poder compartido o gobiernos de unidad nacional. En el caso de Irlanda del Norte y Burundi, hay incluso medidas permanentes para garantizar la representación de los excombatientes. El compromiso de las élites políticas con las nuevas reglas de juego también es clave. En Guatemala, la renuencia a compartir el poder impidió el triunfo del referendo aprobatorio, así como las posibilidades de que la URNG prosperara electoralmente. A su vez, sin garantías de seguridad, como lo constata el atroz genocidio de la UP en Colombia, toda medida legal resulta insuficiente. La coherencia de la agenda política y la legitimidad social del grupo insurgente constituyen otro elemento a considerarse.

En la República Democrática del Congo y Sierra Leona, la falta de interés de las guerrillas M23 y RUF en lo político contrasta con las plataformas sólidas del CNDD-FDD en Burundi y el FMLN en El Salvador. De igual forma, los actores que movilizan la sociedad y se ven como representantes legítimos de los agravios colectivos y no agresores, tienen mayores probabilidades de apoyo popular y éxito electoral en el posconflicto, como lo confirma el ejemplo salvadoreño. Los actores internacionales son cruciales no solo para el DDR sino en la capacitación y financiación de las exguerrillas en su conversión a actores políticos legítimos. En casos como el Hamás en Palestina y el CPN-M en Nepal, la estigmatización externa como terroristas impidió dichos roles. Dado que las mujeres y los jóvenes enfrentan mayores riesgos de marginalización, el apoyo diferenciado es clave para garantizar su transformación política.

Las lecciones de otras experiencias ajenas y propias de desmilitarización de la política dan ventaja a Colombia al anticipar los vacíos de procesos anteriores y los posibles problemas de implementación. ¡Sólo falta votar Sí!