Del procurador Ordóñez líbranos señor

Desde el momento en que comenzó la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se sabía que la tarea no iba a hacer nada fácil.

La prueba contundente de esto fue la abierta oposición de empresarios bananeros para que el presidente Santos se desplazara hasta el Urabá antioqueño, epicentro de masacres y despojo de tierras para inaugurar la norma.

Los más conscientes de lo que esto significaba, fueron los campesinos y pobladores de centenares de municipios en Colombia a quienes los violentos llámense guerrilla o paramilitares, les arrebataron sus parcelas. Sin embargo, animados por una ley que les daba la esperanza de recuperar lo perdido y reiniciar sus vidas en sus lugares de orígenes acudieron a reclamarlas, esperando que ahora sí, el Estado en su conjunto les acompañara en esta nueva lucha.

Desde el momento en que la Ley de víctimas inició su trámite en el Congreso de la República para su debida aprobación, tras un largo debate, la norma no solo contaba con enemigos en la ilegalidad, también los hubo en la legalidad, lo que ha hecho más difícil su aplicación, porque no contentos con tener que perseguir a quienes desde la criminalidad buscan ser un obstáculo, el Estado debe hacerle frente también a las argucias jurídicas que han emprendido empresarios bananeros, palmicultores, mineros y ganaderos, que se han beneficiado bajo el rótulo de “compradores de buena fe”, de todas las tierras que han sido despojadas.

Mientras estos empresarios cuentan con genios del Derecho para defender sus intereses, campesinos y pobladores de humildes municipios, han puesto sus esperanzas en los organismos del Estado que deben hacer el acompañamiento en los procesos judiciales.

Es por esto que resulta vergonzoso ver como se utiliza a una entidad del Estado como la Procuraduría General de la Nación, quien tiene como una de sus principales funciones, velar porque se garantice el pleno disfrute de los Derechos Humanos en Colombia, uniéndose a los fines políticos del Centro Democrático, defendiendo no a las personas que les arrebataron sus tierras, sino a los despojadores.

Dudo mucho que el Procurador Alejandro Ordoñez no sepa que los departamentos del Magdalena y Cesar fueron el epicentro de las operaciones criminales del paramilitar Jorge 40, donde firmó pactos políticos, ordenó masacres, y el posterior despojo de tierras a miles de campesinos, los mismos que hoy hacen la debida reclamación, proceso que no solo les ha costado amenazas contra sus vidas, sino además asesinatos a personas que han liderado esta causa, como una especie de advertencia para quien insista en la devolución de los terrenos.

No creo que Alejandro Ordóñez no sepa que muchas de esas tierras en el Magdalena y Cesar, hoy se encuentran en manos de testaferros de Jorge 40 y de todos los que un día hicieron parte de su organización criminal. Otra cosa es que se haga el de la vista gorda y prefiera ignorar la verdad de los hechos, no sé si con el ánimo de darle inicio a un proyecto político de derecha ortodoxa, propia de la Edad Media y lejos de la realidad del Siglo XXI.

Estoy seguro de que la cruzada anti restitución de tierras que ha emprendido el procurador Ordóñez va a continuar muy a pesar de todo el escándalo que el hecho ha generado. Mientras, el Consejo de Estado seguirá muy callado, sin ponerle límites a un funcionario que por mandato constitucional, debe brindar garantías a los colombianos, que en este caso, requieren el total respaldo y acompañamiento del Estado en su conjunto, especialmente de las entidades que como la Procuraduría General de la Nación, velan por el cumplimiento de los derechos humanos.

Si lo que desea Alejandro Ordóñez es ganarse el afecto político de Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie, Paloma Valencia, bananeros, palmicultores, mineros, ganaderos y el del Clan Úsuga de paso, perfecto que lo haga. Está en todo su derecho, pero que por lo menos se espera a dejar el cargo y no utilice su investidura para desde la legalidad, promover una política antirestitución de tierras, que termine ayudando a quienes se oponen a que fincas y pequeñas parcelas les sean devuelta a humildes campesinos que tuvieron que huir de la acción violenta de guerrilleros y paramilitares.

Si con estas ideas Alejandro Ordóñez piensa aspirar a la Presidencia de la República, lo único que le puedo pedir al pueblo colombiano es que elevemos una oración al altísimo, para que nos libre de un posible mandato suyo como Presidente de la República.

@sevillanojarami