Dúo franco-alemán

Angela Merkel y François Hollande se dirigieron en Estrasburgo al Parlamento Europeo el pasado 7 de octubre.

Se trata de la segunda declaración conjunta del dúo franco-alemán frente a los representantes europeos, precedida por la que François Mitterrand y Helmut Kohl realizaron hace 26 años, en noviembre de 1989, tan sólo algunos días después de la caída del muro de Berlín.

Ambos mandatarios se pronunciaron por una Europa fuerte y unida, pero advirtieron que la solidez requiere asumir desafíos y permanecer en sintonía con los grandes problemas mundiales. Hollande estimó que además de haber reaccionado tarde frente a las crisis del Medio Oriente y de África del norte, Europa no entendió cuáles serían las consecuencias que la guerra y la inestabilidad política traería para ella. Merkel señaló que el tratado de Dublín (que prevé que un refugiado deposite su pedido de asilo a través del primer país europeo que pisa), es obsoleto. Se pronunció en favor de una reforma general de todo el sistema de asilo de los países europeos.

La canciller alemana mencionó que para enfrentar la crisis migratoria que tiene lugar en todo el continente es necesario trazar una política exterior y de desarrollo conjuntas, algo que fue aprovechado por Hollande para enfatizar que el ejercicio de la soberanía europea significa oponerse a los soberanismos radicales que defienden el nacionalismo, el populismo y el extremismo. Sin mencionarlo directamente, el dúo franco-alemán insinuó lo que es evidente para muchos: el fortalecimiento del proyecto europeo es proporcional a la restricción de la libertad de acción de los Estados miembros.

De hecho, la proposición de Merkel pone a prueba la efectividad de las instituciones de la unión. Acoger a los inmigrantes (630.000 personas hasta hoy, un millón al final año) requiere de una distribución que asigne un numero de refugiados a cada país. El calculo debe basarse en la capacidad de acogida de los 27 Estados y en la capacidad financiera de la unión para redistribuir los fondos para la manutención de los recién llegados. Sin embargo, para hacerse efectivo, el procedimiento requiere del acuerdo de todos los gobiernos. ¿Qué hacer entonces cuando un gobierno se opone a acoger la cuota asignada por la unión? ¿Qué mecanismo o qué legislación invocar para justificar la adopción de medidas que no se habían contemplado antes?

Hungría —por donde han entrado miles de migrantes—, y otros Estados de Europa del Este, donde hay gobiernos abiertamente opuestos a la inmigración, han elevado sus voces de protesta contra la posición de un tándem franco-alemán proclive a distribuir cuotas entre cada país. Desde el pasado 4 de septiembre, el gobierno húngaro presionó en el parlamento la votación de una ley para penalizar el ingreso ilegal en su territorio. El gobierno garantiza el respeto de los acuerdos que regulan el espacio Schengen, pero advierte que se opone a la convención de Ginebra, según la cual no puede adjudicarse responsabilidad penal al solicitante de asilo que ha atravesado una frontera de forma ilegal.

La imagen de unidad que ambos mandatarios mostraron frente al parlamento no oscurece ciertas divergencias. Alemania es el único país de la zona euro que ha logrado crear más de 60000 empleos industriales desde el 2007, mientras Francia se cuenta entre los que más los ha suprimido (junto a España e Italia). En 2013, la industria representaba 21.8% del valor agregado total de la economía alemana, comparado con un 10,2% en el caso francés. Como Paul Krugman lo predijo a finales de los noventa, la industria europea se está concentrando progresivamente en el país germánico, algo que preocupa a los Franceses por las consecuencias que tendrá sobre su propia economía y sobre los procesos decisorios europeos.

Sin embargo, pese a los temores, la cooperación franco-alemana es la mejor opción estratégica para garantizar la continuidad del proyecto europeo. A los ojos de ambos mandatarios la unión es preferible a cualquier otro camino. De una parte, la convergencia de intereses entre Paris y Berlín representa una advertencia para los gobiernos que busquen alejarse de las directivas acordadas entre los dos Estados europeos más poderosos. De otra parte, es el único camino para hacer valer los intereses de los 27 miembros frente a los EE.UU., la China, y por supuesto, frente a Rusia.