El aborto libre

El derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida debe ser para todas, no solo para quienes se encuentren en una situación desesperada.

En ese marco, la maternidad no es una decisión menor. Todas las mujeres deberíamos poder elegir cuándo, cómo, y si queremos ser madres, pero para que esto suceda se tienen que juntar un montón de factores que van desde la educación sexual oportuna hasta la posibilidad legal de abortar (pues ningún anticonceptivo y, sobre todo, ninguna persona es infalible). Un aborto no solo es justificado y necesario en casos extremos, como los que delimitan las causales en Colombia (violencia sexual, malformaciones del feto incompatibles con la vida, y cuando el embarazo afecta la salud física o mental de la mujer); es más urgente en estos casos, pero debería ser un derecho siempre.

Esto, en parte, es lo que propone el proyecto que el exfiscal Montealegre presentó a la Cámara en su último acto público. El proyecto además amplía el plazo para abortar en Colombia hasta las 24 semanas (seis meses), una medida que podría beneficiar a las mujeres más vulnerables y con menos información, que son quienes más suelen demorarse en pedir una interrupción del embarazo.

Hasta aquí el proyecto parece ser una maravilla. Sin embargo, ha sido muy criticado porque prácticamente surgió para enmendar el oso que hizo la Fiscalía al perseguir a la actriz Carolina Sabino por un aborto legal. Y se nota. Parece diseñado para generar titulares más que para presentar soluciones integrales para las mujeres (no se trata solo de poder abortar, se trata de que se respeten y garanticen todas nuestras decisiones sexuales reproductivas). Además, el tiempo ni siquiera alcanza para tramitarlo pues solo quedan tres meses antes de que se cierre el periodo actual en el Congreso. En resumen, la idea es buena, los motivos son pésimos, y el proyecto difícilmente tendrá efectos reales.

No cabe duda que cualquier intento por liberalizar el aborto en Colombia es justo, pero ampliar el derecho en el papel no resuelve el gran problema de acceso e implementación de la Sentencia C-355. Es muy diciente que, hasta hace unos meses, el mismo fiscal no supiera que un aborto por causal salud mental es legal en Colombia. No lo saben tampoco las mujeres, ni los médicos, ni los jueces ni las EPS. En Colombia, las personas no saben cuándo, cómo y dónde se puede abortar legalmente, y peor, la gran mayoría no sabe ni cómo evitar un embarazo indeseado. Las leyes no son suficientes si no están acompañadas de una adecuada socialización, y en particular, la autonomía reproductiva depende, ante todo, de una completa y oportuna educación sexual.

Las verdaderas garantías de acceso e implementación del derecho al aborto dependen de un cambio cultural. Aunque el proyecto de Montealegre es más efectivo para enmendar su imagen que para avanzar los derechos de las mujeres, es una buena oportunidad para poner sobre la mesa del debate público colombiano un tema que sigue siendo urgente: la liberalización total del aborto. Así, quizás, cuando llegue al Congreso un proyecto integral y practicable, estaremos mejor preparados para aceptarlo. Y estas conversaciones son incluso más importantes que las leyes: después de todo, el principal obstáculo para la implementación del aborto sigue siendo que nuestra sociedad ve a las mujeres como máquinas generadoras de humanos, antes que como personas.

@Catalinapordios