El camuflado

Un organismo de inteligencia rindió, el 2 febrero de 2005, un informe de policía judicial a la fiscal novena contra el terrorismo sobre las actividades investigativas realizadas a través de interceptaciones legales a varios celulares.

De esas pesquisas surgió la sospecha de que Angelino Garzón (AG) y otras personas se comunicaban con las Farc, lo que por supuesto era y es delito, cualquiera fuese la finalidad de tales relaciones. La labor investigativa se inició en octubre de 2004 e involucró a varias personas vinculadas al gobierno departamental, y respecto del entonces gobernador se estableció “que maneja canales de comunicación con los integrantes de las estructuras de las Farc que delinquen en el departamento del Valle a través de sus subalternos, como es el caso de los señores Henry Acosta Patiño, Guillermo Banquero y Frangey Rendón Gálvez, notando su colaboración al aprobar que sus subordinados entreguen elementos logísticos y de transporte para que sean usufructuados para favores hacia los cabecillas de esta agrupación terrorista”.

Las averiguaciones están respaldadas con muchísimas interceptaciones legales, en algunas de las cuales aparece la voz inconfundible de Garzón, dando instrucciones que resultaron idóneas para establecer sus relaciones con las Farc. (Ver seis grabaciones: http://bit.ly/1L2zhH1).

El informe de policía judicial concluyó solicitándole a la fiscal “expedir las órdenes de captura al número de ciudadanos comprometidos con la organización terrorista”, entre los cuales se encontraba Angelino. La fiscal nunca libró las órdenes de captura ni compulsó las copias para que el competente investigara al gobernador, pero el 29 de abril de 2010, en pleno reinado del uribismo, unos días antes de que AG fuese elegido vicepresidente, misteriosamente otro fiscal dictó providencia inhibitoria de estas investigaciones, con el argumento insólito de que “no se contó con cotejos de voz o con otras pruebas que permitieran esclarecer que quienes dialogaban (emisor y/o receptor) a través de las líneas interceptadas fueran las personas a las que hacen alusión los investigadores en sus informes, porque tampoco se estableció a quiénes pertenecían los abonados celulares o quiénes en su defecto eran los tenedores de los mismos”.

Les echaron tierra a las volandas a este asunto en el que estaba comprometido el candidato a vicepresidente, con el risible argumento de que no se pudo identificar la inconfundible voz de Garzón, que la distingue hasta un sordo, sin que además la funcionaria tuviese competencia para tomar decisión alguna a favor o en contra del exgobernador.

Pero allí no para todo. Posteriormente, siendo vicepresidente AG, una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema adelantó otras averiguaciones en su contra por supuestos vínculos con las Farc a partir de unos testimonios que informaban que el exgobernador había recibido dineros de ese grupo. Esta nueva actuación debió haberse sumado a la anterior para que ésta se reabriera; pero no, con una rapidez pasmosa, de nuevo la mano protectora de alguien en la Fiscalía, el 27 de febrero de 2012, archivó esta investigación contra quien ejercía como vicepresidente. Cero y van dos.

Sostener comunicaciones con las Farc todavía es delito, y lo es desde antes de que tuvieran ocurrencia los hechos en los que aparece involucrado AG, porque no estaba en curso ningún proceso de paz. Los caleños deben saber que uno de sus flamantes candidatos a alcalde, que por fortuna ya no puntea en las encuestas, no solamente estuvo en la mira de la justicia por sus comunicaciones con las Farc, sino que, a lo mejor, será el primer beneficiario del Acuerdo sobre Justicia Transicional, claro, siempre que admita verdad y responsabilidad por su papel como no combatiente en aquellos días de intensa cercanía con las Farc.

Adenda. El candidato a la Alcaldía de Pasto Pedro Vicente Obando Ordóñez, protegido del Polo y del procurador, pretende con una marrullera acción de tutela completar las firmas que no pudo conseguir para lanzarse al cargo. Qué vergüenza.

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