El defensor del Pueblo debe renunciar

Lo mínimo que se espera del defensor del Pueblo ante la bien sustentada acusación de Astrid Cristancho es que renuncie.

Caradura. Es la mejor palabra que encuentro para describir la reacción de Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, ante la bien sustentada acusación de su secretaria privada, que no sólo describió las presiones de su jefe para tener relaciones sexuales con ella, sino que adjuntó copias de conversaciones inapropiadas y fotografías grotescas de su miembro, que le enviaba, según ella, con el propósito de seducirla.

Los funcionarios públicos a quienes se les acusa de comportamientos ilegales creen que renunciar a su puesto es señal de culpabilidad y de debilidad. Que si dejan el cargo es insinuar que las acusaciones son ciertas. Esta idea equivocada parte de un irrespeto hacia los cargos públicos que ocupan y hacia la ciudadanía que deberían servir.

Lo que corresponde a un comportamiento ético, cuando la acusación resulta tan bien sustentada que amerita una indagación preliminar -indagación que seguramente terminará en una investigación-, es que el funcionario honre el cargo al que fue nombrado temporalmente, y dé un paso atrás para dedicarse a su defensa, de manera que los avatares del caso no repercutan sobre dicho cargo y sus responsabilidades. Más aún tratándose de un Defensor del Pueblo, pues tiene un componente ético que lo hace especialmente vulnerable al oprobio. No tiene ninguna presentación que un Defensor del Pueblo esté acusado de acosar sexualmente a sus empleados.

Por eso los llamados a no reaccionar desde la indignación ciudadana y esperar a que la justicia se pronuncie son moralmente insuficientes. Si bien el señor Otálora tiene derecho al debido proceso, para la institución de la Defensoría del Pueblo es preciso que su cabeza goce de legitimidad y su imagen no esté sumergida en este tipo de cuestionamientos.

Recordemos el caso de Dominique Strauss-Kahn, que cuando fue director del Fondo Monetario Internacional también fue señalado de cometer delitos contra las mujeres. Si bien en su caso no fue acoso, sino agresión y violación, e implicó un arresto por parte de la policía de Nueva York, su primera reacción fue la renuncia. Al final del proceso, la parte acusadora retiró la demanda y la justicia falló a favor de Strauss-Kahn, pero lo primero que él hizo fue dejar el cargo. Dijo que era inocente y renunció. Eso es lo que debería hacer el señor Otálora.

En cambio, el señor Otalora dice: "aquí nunca ha estado en juego la estabilidad de la Defensoría del Pueblo. Aquí lo que se está cuestionando es la vida íntima de una pareja, en la relación que se vio entre Astrid Helena y mía (sic)". Se equivoca. Lo que se está cuestionando es la rectitud legal y ética de un funcionario encargado defender los derechos de los vulnerados. Nada podría desestabilizar más a la Defensoría del Pueblo que eso. Es una irresponsabilidad mantenerse, pareciera que por ambición personal y soberbia, en un cargo para el que ha perdido legitimidad.

No pretendo juzgar si las acusaciones son o no ciertas, pero en lo que a mí respecta, las explicaciones del señor Otálora no me despiertan credibilidad. Que renuncie y enfrente la justicia.


Twitter: @santiagovillach