El procurador en la campaña antirrestitución

El procurador, Alejandro Ordóñez, en misión electoral, resolvió convertirse en tribuno del pueblo en Sabanas de San Ángel, en el Magdalena, al lado de José Félix Lafaurie, para encabezar una campaña contra la Ley de Restitución de Tierras Despojadas.

Un coro de campesinos, afiliados a una asociación de víctimas de la restitución, dice que esa política afecta sus derechos adquiridos de buena fe exenta de culpa.

La selección del lugar de inicio de la campaña no es inocente. En esa región del Magdalena tuvo asiento el bloque Norte de las autodefensas, encabezado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, quien despojó a cientos de familias campesinas, muchas veces con la complicidad del Incoder, al revocarles las adjudicaciones de tierra del Incora por abandono de predios luego del desplazamiento forzado y readjudicarlas a nuevos campesinos, de listas elaboradas por Jorge 40, que ahora alegan su buena fe y su carácter campesino.

Es probable que los siguientes lugares que Lafaurie escoja para su movilización antirrestitución sean el sur de Córdoba o Urabá, sede de los Castaño, o el Catatumbo, de Salvatore Mancuso, o el sur del Magdalena Medio, imperio de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. En esta última región Lafaurie y su esposa senadora ya organizaron asociaciones de campesinos enemigos de la restitución, para oponerse a los reclamantes de baldíos despojados por los dueños de la hacienda Las Pavas.

El procurador escogió mal al grupo de víctimas que decidió apadrinar al casarse con las víctimas de la Ley de Restitución y no con las víctimas del despojo. Es cierto que muchas parcelas despojadas entraron a un mercado de tierras y finalmente fueron a parar a manos de otros campesinos o de inversionistas en finca raíz, que aprovecharon comprar barato, por la violencia, y revender caro, por la seguridad democrática, o retener la valorización como ganancia de capital. Ahora los campesinos compradores o beneficiarios de tierras despojadas y los inversionistas alegan la buena fe exenta de culpa para exigir compensaciones por el valor presente de la tierra si el juez ordena la restitución, como si la buena fe del último ocupante tuviera la virtud mágica de eliminar la ilegalidad del despojo original y consolidar la propiedad.

Es al revés: una tierra despojada por presión violenta, en medio del conflicto, sigue perteneciendo al despojado, y la Unidad de Restitución y los jueces y tribunales restablecen sus derechos cuando ordenan la restitución. Ninguna cadena de ventas posteriores sanea el despojo original. Ocurre lo mismo con quienes adquieren un carro robado con papeles falsos y alegan la buena fe para defender su nueva propiedad. Esa buena fe no los ampara cuando la Policía de Tránsito descubre el carro reportado como robado y lo retiene, para devolverlo a su dueño original.

La Unidad de Restitución y los jueces han sido muy cuidadosos para no permitir que oportunistas reclamen tierras que no les pertenecen, y la prueba de esos filtros fuertes es el rechazo de cerca de la mitad de las reclamaciones, que no ingresan al registro de tierras despojadas y por tanto no pueden presentar demandas de restitución. La ley previó la compensación, con otras tierras o dinero, para amparar a los campesinos que adquirieron u ocuparon de buena fe tierras que deban ser restituidas a sus dueños originales. El procurador Ordóñez juró cumplir y hacer cumplir la ley y por tanto debe defender la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y no prestar su nombre y su posición para la defensa de los despojadores, cobijados en la capa mágica de la buena fe exenta de culpa.