El Quindío, ¿borrado del mapa por la minería?

Salento es uno de los 12 municipios del Quindío, y tal vez uno de los más bellos y ricos en naturaleza. Tiene 377 km² de extensión, y si el plan de este gobierno para concretar sus proyectos de explotación minera y de materiales de construcción se hiciera realidad, entre el 70 y 80 por ciento de ese territorio quedaría arrasado.

Esa es la conclusión después de revisar los mapas de la Agencia Nacional de Minería —ANM— y de consultar a integrantes de la Mesa Ciudadana de Salento, compuesta por la personera municipal, la veeduría del esquema de ordenamiento territorial y la Fundación Bahareque. Ellos, junto con el alcalde Juan Miguel Galvis, autoridades de otros municipios y de la Gobernación, han unido esfuerzos para llamar la atención sobre la tragedia ambiental que provocarían las decisiones del Gobierno central.

En este momento, de acuerdo con información oficial, hay 10 títulos vigentes para explotar minerales como oro, zinc, platino, molibdeno y cobre, y materiales de construcción, en un área de 18.750 hectáreas en Salento, y algunos de ellos en áreas compartidas con Calarcá (Quindío) y Cajamarca e Ibagué en Tolima.

Y son 14 los títulos solicitados y que están en trámite también en Salento y algunos en áreas compartidas con Filandia, Buenavista, Génova, Pijao, Armenia y Circasia, todos en Quindío, y que abarcan un total de 21.480 hectáreas.

Tatiana Herrera, personera de Salento, me dijo que en el municipio están muy preocupados “por la forma como se están tramitando los títulos y porque están asumiendo facultades que le corresponden al legislador”. A esa preocupación habría que añadirle otra: al revisar la información de los títulos vigentes y terminados, ocho corresponden a Anglo Gold Ashanti S.A., y de esos sólo dos aparecen como “terminados”; los otros seis están vigentes a pesar de que esa multinacional y la ANM dijeron en un comunicado que habían renunciado a todos los títulos de explotación minera en ese territorio. De hecho, son varias las empresas que están en el listado de los títulos.

Por eso Herrera insiste en esto: “no estamos implementando una estrategia contra ninguna empresa en particular sino a favor de la protección del territorio frente a lo que establecen los registros públicos como el catastro”. Tiene razón. En los comunicados pueden decir lo que quieran, ¿o mentir?, pero si los títulos están formalizados a través de los requisitos de ley, la amenaza está latente.

Tengan presente esto. En este territorio están, entre otros, el Valle de Cocora, las lagunas La Cubierta y El Encanto, varias cascadas y el sector sur del Parque Nacional Natural de los Nevados. Piensen en la fauna y la flora que se alimenta de ese ecosistema e imaginen su futuro una vez lleguen las máquinas de la minería. Y no olviden algo: el Paisaje Cafetero, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2011, ya no será tal.

Los invito también a revisar cuál ha sido la suerte de los departamentos que viven, o mejor, sobreviven, a pesar de la megaminería. Se me ocurren dos, Cesar y La Guajira. ¿Mejoraron sus índices de pobreza? ¿Cómo evolucionó su población? ¿Disminuyeron sus necesidades sociales? ¿Hay más inversión? ¿Se nota la entrada de las regalías?

No soy una ambientalista extrema; me gusta el desarrollo, pero no arrasando con lo que hay a su paso. Y que no nos engañen. El 80 por ciento de Salento está en peligro y también el 60% de todo el Quindío por el mismo motivo. Apoyemos a esta movilización social, no los dejemos solos en la lucha. Por lo pronto, nos vemos en la marcha del 3 de junio en Armenia.

@ClaMoralesM

* Subdirectora de La Luciérnaga