El triunfo (parcial) del interés público

Sigue al rojo el debate sobre la declaratoria de interés público del Imatinib.

Las declaraciones del ministro de salud Alejandro Gaviria la semana pasada, afirmando que finalmente iba a emitir una resolución declarándolo de interés público con fines de control de precios, reactivaron el tema. Como empieza a expandirse un ambiente triunfalista – tan prematuro y riesgoso como el registrado con la selección de fútbol en la copa América - considero necesario hacer algunas precisiones y dejar constancia de algunas preocupaciones.

Conste, en primer lugar, que no pretendo aguar la fiesta ni desconocer los avances. Es un logro que, con tantas presiones, el ministro vaya a tomar la decisión anunciada. Y es muy importante que sectores tan disímiles como parlamentarios y empresarios de Suiza y de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud -OMS –, la iglesia católica, varias ONGs y científicos, técnicos y formadores de opinión dentro y fuera del país, hayan planteado sus puntos de vista al respecto. Unos han defendido sus intereses particulares y otros el interés público en torno a las condiciones de producción y comercialización de un medicamento que ya ha sido clasificado por la OMS como esencial para el tratamiento de una enfermedad tan grave como la leucemia mieloide crónica.

La euforia alcanzó su clímax con el anuncio del ministro Gaviria. Y justo ahí nacen mis dos preocupaciones centrales. La primera: que la resolución se anuncia, pero todavía -hasta el momento de escribir esta columna – no se divulga. Y la segunda: que hasta ahora la pelea se estaba dando por la declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria, no de control de precios. Ambas cosas son muy graves. La no divulgación de la resolución impide tener certeza de la decisión y de sus términos y alcances reales. Pero la segunda es aún más grave. Tanto el Comité Técnico que ha venido asesorando al ministro, como sendas cartas de la dirección general de la OMS y de 15 representantes del Congreso de los Estados Unidos al ministro el 25 de mayo, como todo el debate público, se han focalizado en pedir y respaldar la declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria. Es decir: de romper el monopolio en la producción, importación y comercialización del producto, mediante la competencia de medicamentos genéricos, justificada por la decisión de anteponer la salud pública a la ganancia privada desmedida.

Hay que advertir que la declaratoria de licencia obligatoria es competencia de una dependencia del ministerio de comercio exterior: la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, entidad que ha manifestado su renuencia a hacerlo. Además: si ya Novartis – la multinacional suiza propietaria de la patente – se había negado al acuerdo de reducción de precios propuesto por el ministro, ¿quién va a garantizar que ahora sí se va a someter a los precios que fije una comisión del ministerio de salud? Si persistiera en no aceptar la regulación de precios, las víctimas fatales del consiguiente desabastecimiento serían los pacientes.

La declaratoria de interés público con fines de control de precios es entonces una medida positiva, pero insuficiente y de consecuencias imprevisibles. La culebra seguiría viva. El golpe debe darse en la cabeza: en la quiebra del monopolio, mediante la competencia con medicamentos genéricos de calidad. Y esta no debe ser una decisión heroica de un ministro solitario, sino una decisión política, de salud pública y dignidad nacional, del gobierno en pleno, incluyendo la SIC.

Observando las fuerzas e intereses en tensión y teniendo en cuenta el bienestar de los pacientes, la legislación interna e internacional y el conocimiento disponible sobre el tema, creo que hay respaldo suficiente y condiciones favorables para que el gobierno dé por fin el paso definitivo de la declaratoria de interés público con fines de licencia obligatoria. Esperemos que así lo haga.

Médico social.