La corrupción técnica

La corrupción ha evolucionado. No es sólo la tajada que el contratista da al político que le adjudica el negocio, son muchas las sofisticadas formas financieras y jurídicas para robar lo público.

Usted sabe que lo están tumbando si es accionista de una empresa y sus administradores principales sacan dinero de la sociedad para su propio y exclusivo beneficio, pero si lo hacen mediante un plan de opciones sobre acciones, o warrants, pues usted ni se da cuenta, tal como pasó en Pacific Rubiales.

Usted sabe que si entrega sus aportes pensionales a una sociedad administradora privada y esta presta esos dineros a su respectivo dueño, pues estamos ante la figura ilegal de autopréstamo, que ha desembocado en desfalcos como los del Grupo Gran Colombiano o Interbolsa, pero si el ministro de Hacienda autoriza autopréstamos, embutiéndolos en un vehículo de inversión confuso como un fondo de capital privado, usted queda despistado, tal como se hizo con el decreto 1385 de 2015.

Usted sabe que si el dueño de un banco no controla a su junta directiva y ésta empieza a entregar multimillonarios créditos a empresas de dudosa reputación y/o quebradas, esos préstamos no se recuperarán y el banco quebrará, pero si le dicen que la garantía de los deudores es un “precierre financiero” o una fiducia mercantil, tal vez no pregunte más, sino sólo cuando sea tarde, como sucedió en el Banco Agrario. Y si el dinero de Isagén se destina para lo mismo, pues usted se preocupa, pero si le dicen que está invertido en bonos híbridos capitalizando a la Financiera de Desarrollo Nacional, usted queda tan enredado que mejor no pregunta, hasta que es tarde.

Usted sabe que comprar tierra cerca de un pueblo es un gran negocio a la vuelta de diez años, para cuando el pueblo crezca y absorba su pedazo de tierra, pero si modificando el Plan de Ordenamiento Territorial, como pretende hacer la alcaldesa de La Calera, se crea un “pueblo nuevo” en un lote sin servicios públicos ni acceso vial, usted logra de manera inmediata una gran ganancia, que ni siquiera es objeto de impuesto de valorización si allí, dizque, construyen casas de interés social: ¡moñona!

Si usted no entendió nada de lo anterior, tranquilo, tampoco las autoridades de control. ¿O sí? Qué descontrol. ¿O complicidad?

@jrobertoacosta1jrobertoacostaopinion@gmail.com