La impunidad de Ordóñez

Bien se dice que la justicia cojea, pero llega… seis años tarde: el Consejo de Estado, que suele evadir o retrasar el cumplimiento de sus responsabilidades cuando teme resolver casos de envergadura como el de la nulidad de la reelección del procurador, o el de la dudosa legalidad de la destitución que este le impuso al exalcalde Petro, por fin decidió anular la también sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 18 años que le impuso, en 2010, Alejandro Ordóñez a Piedad Córdoba basándose en indicios ilegalmente recaudados.

Logró, así, expulsarla del Congreso, el escenario en que Córdoba lucía más de lo que le convenía a la franja de intolerantes que él representa. 17 votos a favor de la demanda que la excongresista interpuso contra ese injusto castigo y solo seis en contra, implican una respuesta contundente de rechazo a la arbitrariedad del procurador quien ha fungido como juez imparcial durante ocho años, no obstante sus sesgos partidistas, ideológicos y religiosos que podrían servirle como carta de presentación política ante sus sectas intolerantes, pero que igualmente  han debido ser un impedimento para ostentar el título de magistrado o, peor aún, el de garante de los derechos de todos los  ciudadanos. 

El Consejo de Estado reafirmó lo que ya le había dicho la Corte Suprema al mismo procurador hace cinco años (2011) cuando este interpuso un recurso contra la posición de la propia Corte: las presuntas pruebas que Ordóñez aprovechó para expulsar a la dirigente de izquierda fueron ilegalmente acopiadas y, por tanto, no eran válidas para soportar ningún proceso penal o disciplinario en Colombia. Se trataba de supuestos correos, más de cinco alias distintos atribuidos a Piedad sin ton ni son, y grabaciones de personas diferentes a la sancionada que se encontraron —o plantaron— en los computadores del jefe de las Farc, Raúl Reyes, y que el Ejército y la Policía recogieron en suelo ecuatoriano con dos agravantes: sin jurisdicción territorial y sin vigilancia de agentes de la justicia que certificaran una adecuada cadena de custodia, es decir, sin que estuvieran resguardados para que nadie pudiera manipularlos. Por el contrario, la Inteligencia militar y policial pasó, de uniformado en uniformado, esos computadores durante más de 20 días y después los entregaron a los investigadores. No hay tribunal en el mundo que reciba evidencias así recolectadas y, claro, viciadas.

Ordóñez lo sabía de sobra, pero no le importó. Él era el procurador supremo (por fortuna, no lo será más dentro de cuatro meses). Su obsesión de sacar de la vida pública a Córdoba lo llevó a desafiar la majestad de la justicia en una nación resignada y complaciente con su conducta reprochable. Ante la posibilidad hecha realidad hoy, de que el Consejo de Estado tumbara su sanción de 2010 contra la exparlamentaria, le cargó la mano, de nuevo, en 2012, y le clavó —perdón por el término— otros 14 años de inhabilidad. Esta vez, aprovechó una disculpa risible si esta se examina en el contexto corrupto en que nada el país: “probó”, en apariencia, que la excongresista le ayudó a financiar la campaña electoral a un aspirante a la Cámara sin pedirle permiso al Partido Liberal. Significa que a pesar de su derrota como jurista, Ordóñez puede estar satisfecho porque Piedad continuará impedida, al menos hasta cuando la corporación retome la demanda interpuesta por Córdoba contra esta segunda sanción. Se supone que los consejeros tienen previsto tratar el caso en sala plena el próximo mes de septiembre. Pero, conociendo sus tiempos, la exparlamentaria seguirá fuera otros cuatro o cinco años. Para entonces, Alejandro Ordóñez habrá concluido feliz su segundo periodo en la Procuraduría por cuanto los magistrados del Consejo no habrán votado la nulidad de su reelección y nadie se habrá atrevido a inhabilitarlo como él lo hizo con sus rivales electorales. Un enorme manto de impunidad lo cubrirá.