La tierra y los del No

La restitución de tierras, una de las consignas determinantes en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia, ha sido objetivo de la cruzada de Alejandro Ordóñez.

Si bien el exprocurador parece el líder más comprometido de quienes luchan contra el mito de la “ideología de género”, que sólo existe “encriptada” en sus oscuros deseos, de fondo tiene otros intereses: la tierra.

Es innegable que detrás de la más repulsiva ultraderecha aparece con fuerza toda una idea de imposición de un orden social patriarcal que ha negado derechos de mujeres y homosexuales, pero aquí también hay otros negocios que están por defenderse. Para eso la estrategia fue implacable. Usaron todo el populismo de los valores conservadores en las iglesias para obtener los votos que les darían el cheque en blanco con el fin de invertirlo en lo que les interesa y les resulta un negocio redondo.

En los ajustes que recién han presentado al acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, metieron el veneno que ha encarnado el espíritu de los ejércitos antirrestitución. Se trata de una defensa descarada a quienes despojaron de la tierra a los campesinos desplazados. La Ley de Restitución de Tierras exige probar “buena fe exenta de culpa”, esto es, que los que se quedaron con la tierra de los desplazados demuestren que no hubo acto de mala fe en su accionar.

De manera insolente, en abril de este año, Alejandro Ordóñez, en su calidad de procurador, y en compañía del expresidente de Fedegán, hizo parte de una controvertida reunión contra la Ley de Restitución de Tierras y contra la exigencia de la buena fe exenta de culpa. O sea, intentaron proteger ferozmente los intereses de quienes se apoderaron de la tierra de los desplazados para que no tengan que molestarse en demostrar que lo hicieron de buena fe y sin culpa.

La reunión se realizó en Sabanas de San Ángel, otrora centro de operaciones de los ejércitos paramilitares de Rodrigo Tovar Pupo, y algunos aseguran que en realidad se trató de una “cumbre antirrestitución”. El escabroso tema vuelve a evidenciarse en los ajustes al acuerdo de paz que presenta el uribismo, específicamente en el párrafo que señala que “sin prevención alguna, el Gobierno debe revisar las distorsiones de la Ley 1448 de 2011 en su componente de restitución de tierras, entre ellas la figura de los ‘compradores de buena fe no exentos de culpa’”, porque lo consideran un atentado al derecho de la legítima propiedad. Es decir, para Ordóñez, Uribe y los suyos, la legitimidad de la propiedad de los campesinos despojados no es tan legítima como la legitimidad de quienes se quedaron con sus tierras aprovechándose, en muchísimos casos, de la “gracia divina” del paramilitarismo.

Para permitir que el acuerdo de paz avance, el uribismo, promotor del No, ha puesto como condición que a los buenos muchachos que se quedaron con la tierra de los desplazados no se les exija ausencia de culpa en el despojo. Están aprovechando para meter descaradamente palos en la rueda a la restitución de la tierra de los campesinos. Lo están haciendo en nombre de cada ciudadano honesto y deshonesto que votó No al plebiscito. Aceptar esto es como aceptar un nuevo pacto paramilitar.