Leyes ilegales en la era Trump

El método Trump de promulgar órdenes ejecutivas ilegales será una constante durante su mandato.

Estados Unidos está encaminado a un choque de poderes y partidos que causará al menos cuatro años de tormenta política. Es un ambiente que le conviene mucho a Donald Trump. No sólo porque acapara la atención de los medios y desvía la atención de cómo los negocios de su familia se verán favorecidos desde la Casa Blanca, sino porque se ha vendido como un líder que causará más escándalo entre más cerca esté de pisar los callos de los  corruptos. A decir, los políticos tradicionales, los medios de comunicación, los inmigrantes ilegales, los terroristas y las empresas apátridas.

En una columna reciente llamé la atención sobre una entrevista concedida por Trump en el año 2013, y en la que dice ser una buena estrategia promulgar leyes que sabe son ilegales, o que podrían ser objeto de demandas, porque en el lapso que tardan en ser derogadas desde los tribunales, ya han generado ciertos efectos buscados.

Su primera semana de gobierno, protagonizada por una ráfaga de órdenes ejecutivas firmadas desde su despacho, llegó al clímax con la prohibición de la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de Somalia, Yemen, Iraq, Irán, Libia, Siria y Sudán. La implementación de una orden presidencial caótica ha sido incluso más desordenada que la orden misma, y la consiguiente contradicción entre lo que dice el texto de la orden, y lo que el jefe de gabinete dice que dice el texto de la orden, es un abrebocas de lo que cada vez estoy más convencido será la peor presidencia en la historia de los Estados Unidos.

La orden es ilegal porque, como ha explicado David J. Brier, analista de política inmigratoria en el Centro del Instituto Cato para la Libertad y Prosperidad Globales, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 prohibe la discriminación a los inmigrantes con base en su nacionalidad. Un juez federal de Brooklyn derogó ciertos apartados de la orden, pero no su totalidad. Los ciudadanos de estos países no pueden ser devueltos a sus países desde los aeropuertos estadounidenses, pero tampoco pueden aún entrar a los Estados Unidos. El texto entero ha sido demandado, pero la sentencia en torno a la ley podría tomar meses. Entretanto, los funcionarios consulares y de inmigración, cuyos empleos dependen de instituciones de la rama ejecutiva, procederán a interpretar la orden presidencial y la contraorden judicial procurando conservar sus empleos. Es decir, siendo más fieles a la mano que les entrega su salario y firma sus contratos.

Tener a la rama judicial pendiente del proceder de la rama ejecutiva -y de la legislativa, ya que los Republicanos tienen mayorías absolutas parlamentarias-, sería menos grave de no estar la Corte Suprema de Justicia a punto de pasar también a mayorías Republicanas. Es difícil prever hasta qué punto esto afectará la independencia de la justicia, pero es obvio que generará efectos. 

Hay, por último, otro peligro. La cadena de decisiones estrafalarias y abominables por parte de Trump generará tal ola de rechazo entre los ciudadanos decentes y valientes de su país, y del mundo, al igual que de los medios de comunicación responsables, que la repetición de la oposición podría volverse ruido. Entonces se normalizaría la anormalidad, y lo que es el inicio de un gobierno proto-autoritarista se haría pasar por los deseos de las mayorías del pueblo en un país soberano.

A quienes creen que esta situación no afecta a Colombia: ¿acaso no se dan cuenta de que, en este ambiente, eventualmente disminuirán las visas que se conceden a ciudadanos de un país que tiene altos niveles de narcotráfico y donde han operado "organizaciones terroristas"?

Twitter: @santiagovillach