Lo que viene: la justicia para la paz

El pacto histórico sobre el cese del fuego abre la breve recta hacia el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc.

Al tiempo que se celebra el fin de la guerra, hay que comenzar a pensar sobre los puntos finales de la agenda de negociación, de modo que el acuerdo definitivo llegue pronto y resuelva los detalles pendientes.

Uno esencial es quiénes serán y cómo serán escogidos los magistrados y magistradas del sistema de justicia especial para la paz (JEP), encargado de la importante tarea de aplicar el acuerdo sobre verdad, justicia, reparación y no repetición. Son 38 jueces colombianos y hasta seis jueces extranjeros que decidirán qué actores del conflicto armado reciben amnistía por no haber cometido los delitos más graves, y cuáles deben estar privados de la libertad (y por cuánto tiempo) en zonas de concentración y otros lugares, a cambio de contar la verdad sobre sus acciones y reparar a las víctimas.

El primer filtro será hecho por 20 magistrados distribuidos en tres salas. Los casos que ameriten juzgamiento pasarán al Tribunal para la Paz, conformado por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros.

La pregunta difícil que habrá que encarar en las próximas semanas es la siguiente: ¿Qué mecanismo de selección de los magistrados sería aceptable para el Gobierno y las Farc, y a la vez garantizaría que los miembros de la JEP sean imparciales frente a una y otra parte, y frente a todas las demás partes del conflicto armado que serán conocidas por la JEP?

Una publicación reciente de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por su nombre en inglés) ofrece respuestas sólidas que hay que tener muy en cuenta. Basado en un análisis de tribunales similares en otras partes del mundo, DPLF propone dividir la selección de los magistrados en dos fases. Primero, una fase de preselección que arranca con una convocatoria pública en la que se pueden postular los candidatos que cumplan con los requisitos fijados en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, que son los mismos que se exigen para los magistrados de altos tribunales y cortes.

Lo fundamental es que la convocatoria sea transparente y que haya una comisión de preselección conformada por “personas eminentes que gocen de alta consideración moral”, que no dejen dudas sobre su imparcialidad y generen confianza entre todas las partes, incluidas las del proceso de negociación en La Habana que las designarían. Estas comisiones de “personas eminentes” han operado en la selección de candidatos a organismos como la Corte Penal Internacional.

La segunda fase es la selección. DPLF propone un buen mecanismo, que continuaría la tradición de autonomía de la rama judicial: los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema escogerían los magistrados, entre la lista que les envíe la comisión de notables. Para avanzar en la sociedad que quisiéramos ver en el posconflicto, deberían garantizar que al menos el 50% de los miembros de la JEP sean mujeres y que haya magistrados indígenas y afrodescendientes.

Es una fórmula creativa y rigurosa para alcanzar la cuadratura del círculo: lograr la confianza de las partes en La Habana, pero también de la ciudadanía y el aparato judicial.