Los 20 amigos

Esta semana se hizo viral en las redes un video del exalcalde Petro reclamando a un grupo de personas por la baja asistencia a sus reuniones.

De acuerdo con las palabras del propio exalcalde, algo pasa al Progresismo que no es capaz de llenar auditorios en Bogotá luego de haber gobernado, con la indicación expresa para todos sus funcionarios de organizar, alrededor de cada política pública, un movimiento social que respaldara las acciones de la administración. El exalcalde relata su malestar por no haber podido convertir a las mamás beneficiarias de jardines infantiles en el más grande movimiento femenino del Progresismo y por haber perdido, una vez fuera del Palacio Liévano, el respaldo del movimiento hip hop que tanto promovió. Claramente, de las manifestaciones de balcón queda ya muy poco.

El episodio, sin embargo, no pasó de ser una noticia alrededor de un político en dificultades ante la frustración de un salón desocupado, cuando debería haber suscitado al menos un debate alrededor de las limitaciones que los funcionarios tienen para aprovechar sus cargos en beneficio propio y hacer del presupuesto público un instrumento al servicio de sus ambiciones personales. Es claro que ser exitoso tiene réditos y ser un fracaso en la gestión publica también trae sus consecuencias. Un alcalde que mejore la seguridad, haga respetar el espacio público, construya infraestructura, promueva el respeto a la ley y sea eficaz en la prestación de servicios sociales probablemente tendrá mejor futuro político que quien resulte incapaz de gobernar y se enrede hasta para recoger la basura de los ciudadanos.

Pero lo que a todas luces resulta inadmisible es que quienes gobiernen pretendan convertir los despachos oficiales en directorios políticos, el presupuesto público en dádivas generosas al servicio de su causa y a los beneficiarios de los programas oficiales en militantes a la fuerza de sus movimientos políticos. Hay maneras de hacer política. Una de ellas es trabajar para conseguir resultados que hablen por sí mismos, y otra es pretender convertir en súbditos de la gracia oficial a los ciudadanos que tienen necesidades. Tan reprochable resulta salir de una alta Corte a hacer proselitismo con las sentencias proferidas bajo del brazo, como la intención de montar los cuadros de un movimiento político a punta de contratos oficiales y programas sociales con beneficiarios elegidos con criterios de militancia electoral. Es deber de los jueces administrar justicia y garantizar el derecho de todos los ciudadanos, como es obligación de los gobernantes trabajar para proveer los servicios sociales que requiere la comunidad. Su suministro es un derecho ciudadano que no puede depender de la manipulación política o de la adhesión a una causa.

No tengo claro qué resulta más repugnante. Si la corrupción que se embolsilla de frente los recursos de los pobres o la manipulación politiquera a partir de las necesidades de la gente.

@NicolasUribe