Los derechos de los jueces

A la deslegitimación de la rama judicial que afecta sensiblemente a su cúpula, se está agregando un problema en la amplia base de la pirámide.

 El Consejo Superior de la Judicatura dictó un Acuerdo que define la estructura de los Centros de Servicios Judiciales creados desde hace un tiempo, para aplicarla ahora a los juzgados civiles y de familia. Dichos Centros tienen a su cargo el manejo de funciones típicamente administrativas, mientras los jueces mantienen sus funciones judiciales. Los juristas José Élver Muñoz y Luís Fernando Otálvaro, presidentes de “Asojudiciales” y de “Asonal” respectivamente, reaccionaron contra el Acuerdo y señalaron que sus fallas se hubieran podido evitar por la vía de concertar la decisión con los jueces.

Si bien existen en la rama judicial –como en el Congreso- algunas funciones claramente administrativas, ajenas a la naturaleza judicial de los despachos, existen otras que, aunque administrativas, son inescindibles de las judiciales y otras más que pueden corresponder a un espacio de fronteras imprecisas. En cualquier caso, el traslado al Centro de Servicios de tales funciones y, además, de los funcionarios que las prestan, resiente la autoridad del juez, y su función como responsable del proceso e incluso afecta la reserva de sus actuaciones.

En Carta enviada al jurista José Agustín Suárez, presidente del Consejo de la Judicatura, su homólogo de “Asojudiciales” José Élver Muñoz, formula también argumentos de orden jurídico. El Consejo sostiene que su Acuerdo obedece al cumplimiento de la oralidad como principio general para la función judicial, dispuesto en el Código General del Proceso. Probablemente hizo falta algún tipo de concertación entre el Consejo y los jueces a la cual no creo que se oponga nadie. El esquema piramidal absoluto no funciona en las sociedades actuales. Por lo demás la capacidad intelectual y la idoneidad profesional del magistrado Suárez y del juez Muñoz están por fuera de toda duda.

Pero más allá de este debate puntual los colombianos deben reparar en la problemática específica de sus jueces. Aquí hizo carrera un sistema de concertación entre cúpulas que falsifica la democracia. Pretenden neutralizarlo a través del manejo mediático pero, por debajo de la apariencia, emulsiona una sociedad cada día más desconectada de sus instituciones. No es el divorcio entre el país político y el país nacional que formuló Gaitán en su momento, sino la ruptura de un país formal con aparato postizo que privilegia la imagen, con un inmenso país real abatido en medio de las abstracciones jurídicas y la desesperanza política. Así no funciona el Estado social de Derecho.

Hay que ampliar los espacios democráticos para los ciudadanos del común y para el común de los servidores públicos. El país está hipertrofiado en su cúpula. Tiene más caciques que indios. Faltan jueces y sobran magistrados, faltan alcaldes y sobran ministros, faltan concejales y sobran congresistas. Cada día la cúspide se parece más a Copenhague y la base se parece más a Calcuta. La pobreza es gobernable pero la desigualdad y la exclusión son explosivas. En términos democráticos la respuesta es la participación y en términos institucionales la reducción de la cúpula de la pirámide en los organismos de la sociedad. No sin razones el Constituyente del 91 definió al municipio como la entidad fundamental del Estado.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1