Los tres mosqueteros no son los superhéroes

Carrillo, Martínez y Maya no tienen las herramientas para derrotar ellos solos la corrupción. No esperemos imposibles. El período durante el cual ejercen sus funciones es de apenas unos pocos años. Los contratos estatales duran 10, 20 y más años; los funcionarios pasan y los contratistas mañosos se quedan amparados en la debilidad del Estado para enfrentarlos.

Sólo después de largos y complicados procesos judiciales se logra condenar de vez en cuando a los culpables. La morosidad de la justicia en Colombia es la mejor aliada de los corruptos para lograr su impunidad.

La presunción de legalidad de los actos administrativos la utilizan los funcionarios públicos para cometer los más grandes atropellos. Pliegos teledirigidos y licitaciones amañadas cuyos efectos no se pueden evitar inmediatamente, pues se presume que son legítimos. Por esa razón tantas audiencias de adjudicación son una simple comedia.

Hoy en día es imposible evitar que se suspendan oportunamente los efectos de un acto administrativo manifiestamente nulo. Es tal el alud de demandas que el Consejo de Estado se tarda hasta dos años en decretar una suspensión provisional y la sentencia definitiva puede demorar 10, 15 o más años. Un panorama desolador, sin solución a la vista.

Ante el desastre de nuestro sistema judicial, se quiere hacer ver la justicia arbitral como la panacea. Sin duda, la justicia arbitral y los centros de arbitraje tienen un papel trascendental en la solución oportuna y trasparente de muchos litigios, pero su razón de ser no puede ser la disfuncionalidad de la justicia ordinaria.

En la misma justicia arbitral hay ajustes por hacer y varias normas de la legislación de arbitramento deberían reformarse. Las quejas frente a los altos costos, el carrusel árbitros-litigantes y casos aislados de corrupción y de conflictos éticos tienen que ser atendidos para evitar que se debilite esta valiosa institución.

Cambiando de tema: Adriana Guillén finaliza sus labores al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Hay que reconocer su papel trascendental en la protección del patrimonio público. En muchos casos logró evitar que por la desidia de la entidades públicas se perdieran cientos de miles de millones de pesos.

@jcgomez_j