Más de lo mismo

A juzgar por el fiasco de la integración de la terna para fiscal, el Gobierno parece dirigido por la oposición. Todo les salió mal de principio a fin, y para acabar de rematar, la ministra de la Presidencia olvidó quién es el presidente y renunció a su cargo en forma tan intempestiva como inelegante.

Obviamente Santos, que no es bobo y es consciente del daño mediático que le produciría el retiro de su más cercana colaboradora, se apresuró a mandarla al lugar adecuado, y desde el extranjero enfrentó el tema de su partida con el desgastado cuento de que se le agotó su ciclo.

Hoy nadie cree que la conformación de la terna hubiese obedecido a criterios de selección objetivos. La terna no es de tres, como lo creen algunos, sino de uno, Néstor Humberto Martínez. Cosa distinta es que los otros dos candidatos tengan hojas de vida y recorridos respetables, como en efecto ocurre con Mónica Cifuentes y Yesid Reyes, dos juristas serios, competentes, alejados del oropel de los grupos económicos y de los cacaos de este país.

Tendría que ocurrir un verdadero milagro para derrotar a Néstor Humberto en la Corte, donde lleva haciendo campaña desde el mismo momento en que salió de su precario paso por el Ministerio de la Presidencia, ministerio que, entre otras cosas, está salado, porque cero y van dos, y a ninguno de sus ministros le ha ido bien en ese potro.

Si los medios quisieran cubrir plenamente lo que ha venido pasando en la elección de fiscal, deberían indagar, por ejemplo, cuántos almuerzos, comidas, cocteles, paseos, encuentros y demás ha tenido cada uno de los actuales magistrados de la Corte con el imbatible Néstor Humberto o con sus promotores, que son numerosos, entre otros exfiscales, exministros, exmagistrados, banqueros, empresarios, periodistas, medios de comunicación, altos funcionarios, el procurador, Uribe con su entorno y otras yerbas del pantano.

A menos que los tiempos que soplan en la Corte Suprema de Justicia vayan en contravía del legado del doctor José Leonidas Bustos, bien conocido por su cercanía con Néstor Humberto, las cartas están marcadas y ya es tarde para volver a barajar. Veremos si los magistrados son capaces de sacudirse y se olvidan del intenso cabildeo al que han estado expuestos. Lo veo difícil, entre otras cosas, porque me late que el propio Gobierno parece estar inclinado más por Martínez que por los otros candidatos, pues solo eso justifica que Santos se hubiese dado la pela de dejar ir a María Lorena Gutiérrez, a quien ahora le tocará vivir enfrentada o al menos aislada del Gobierno del que se sentía dueña.

Y para acabar de completar se conoce la versión de que los ternados han acordado no dar declaraciones. Me resisto a creer que eso sea cierto, no sólo porque ese silencio colectivo beneficia únicamente a Martínez, sino porque los ciudadanos quisiéramos que tan conspicuos personajes, uno de los cuales será la cabeza de la Fiscalía, ilustraran a la opinión sobre cuáles son sus programas o sus impedimentos o conflictos de intereses, para que el país los conozca cabalmente, porque eso no ocurrió con ese remedo de concurso meritocrático que convocó el Gobierno, que tuvo sabor de encerrona. Si la prensa no controla ahora, entonces cuándo espera hacerlo, si apenas alguien se posesiona como fiscal, la mayoría de los medios y los periodistas se rinden a sus pies.

Lo que deja como enseñanza este proceso de elegir un fiscal que ya está nombrado —salvo un milagro y no creo en ellos— es la necesidad de reformar las normas que prevén su nombramiento. La intervención del presidente y una alta Corte no garantizan acierto en la decisión. Lo mejor sería que la Fiscalía dependiera del Gobierno y que fuese el mandatario quien sin marrullerías ni falsos concursos designara al fiscal, para que asuma la responsabilidad política de su éxito, pero sobre todo de su fracaso.

Adenda: Qué tal el abuso del obispo de Buga, monseñor José Roberto Ospina Leóngomez, invocando su investidura para torpedear una diligencia judicial de entrega de un bien rematado por el Colegio Académico. ¿En qué queda la separación de las jurisdicciones civil y eclesiástica ?

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