Pagar para desobedecer

El Concejo de Bogotá aprobó hace poco una medida que permite evitar el pico y placa pagando una suma de dinero de aproximadamente cuatro millones de pesos al año. En pocas palabras, la medida permite comprar una exoneración para no tener que obedecer.

Este tipo de normas tiene origen en una influyente escuela de pensamiento estadounidense que se llama Law and Economics (Derecho y economía), por lo general muy cercana a la derecha republicana, que ha venido inspirando desde hace un par de décadas a gobernantes (sobre todo economistas) alrededor de todo el mundo. Según esta escuela, los derechos de la gente no son tan importantes como la riqueza colectiva. Por eso justifican que una persona haga lo que la ley prohíbe, siempre y cuando pague por ello. Hoy, por ejemplo, en muchas partes del mundo se puede pagar para contaminar el aire o los ríos, para saltarse la fila de inmigración en un aeropuerto (y muchas otras filas), para entrar a la universidad sin pasar un examen, para obtener una celda más amplia en una cárcel y hasta para matar un rinoceronte que está en vía de extinción.

Michael Sandel, un profesor de la Universidad de Harvard, escribió un libro extraordinario titulado What Money Can´t Buy (Lo que el dinero no puede comprar) donde explica cómo, por causa de estas medidas, estamos pasando de la “economía de mercado” a una “sociedad de mercado”, donde todo se puede comprar, incluyendo las leyes, y donde el dinero es más importante que los derechos. Ni siquiera los derechos de los niños quedan protegidos. Sandel cuenta que en un colegio de Israel se decidió multar a los padres que llegaban tarde a recoger a sus hijos pequeños. La multa no solo no disuadió a los padres de llegar tarde, sino que aumentó los retardos y eso debido a que, con el pago de la multa, los progenitores justificaban la llegada tarde y por eso se liberaban de la vergüenza que sentían antes, cuando no había multa.

Vuelvo a la medida de Peñalosa. Permitir que la gente pudiente pague para evitar las incomodidades originadas en la falta de vías y en la mala calidad del servicio público es una medida que inculca en la ciudadanía la idea de que el cumplimiento de las normas es algo que depende de la clase social y que la obligación de obedecer el derecho es inversamente proporcional a la capacidad económica: mientras más rico se es, más fácil se obtiene (pagando) una licencia para no obedecer. La riqueza resulta siendo inversamente proporcional a la obediencia. Así era en la Colonia y en la Edad Media.

En un país en donde los ricos tienen tan poca estima por lo público (lo cual justifican en el hecho de que el Estado no educa a sus hijos, no paga su salud, no los protege contra la delincuencia, etc.), la posibilidad de pagar para no tener que hacer lo que los demás mortales hacen es algo que contribuye a reproducir, en ellos, la célebre cultura de “la ley es para los de ruana” y del “usted no sabe quién soy yo”.

Cuando todo se puede comprar con plata, incluido el derecho a no cumplir la ley, también es normal que todos los bienes públicos se puedan vender. Es la misma lógica; vender el derecho a no cumplir la ley es algo que se parece a la venta de Isagén o de la ETB.

Nuestros gobernantes prefieren feriar lo público que conseguir el dinero que necesitan por los medios tradicionales y legítimos, es decir, cobrando impuestos de renta y patrimonio a las clases pudientes. ¿Y por qué prefieren eso? Tal vez por lo mismo que vengo diciendo: porque la ley tributaria no funciona debido a que los ricos no solo compran exenciones para no obedecer la ley, sino que también compran, con sus palancas, las reformas tributarias.