Políticas agrícola y antidrogas en contradicción

El negocio de las drogas ilícitas es un monstruo que se alimenta de los golpes que se le dan.

Sin la posibilidad realista de eliminar el problema por completo, la política antidrogas ha contribuido a poner las ganancias de este negocio por encima de las de muchas opciones productivas legales. No importa si es a través de aspersión o erradicación manual en el eslabón productivo, o prohibición en la fase de comercialización. Ataca la oferta, eleva el precio.

Incluso ha impulsado su innovación. Una de las demostraciones más serias ha sido la capacidad financiera y logística de los narcotraficantes de aprovechar la fragilidad institucional de varios países para influir o reemplazar la administración pública de recursos económicos, los procesos electorales, y la administración de leyes y justicia.

Puede ser cierto que la economía colombiana es ahora menos dependiente que hace 20 años de la dinámica del negocio de las drogas; sin embargo, todavía es evidente el poderío de la mafias que controlan las tantas “tierras de nadie” del país.

Por eso, en el contexto de los acuerdos de paz, no será posible hablar de paz duradera y sostenible si esta no logra traer consigo un gran empujón en el desarrollo de actividades agroindustriales casi tan rentables como los cultivos ilícitos.

Y aunque la agroindustria es un reto para muchos países en desarrollo, aquí el reto es mayor. Con la política antidrogas actual, los esfuerzos por incrementar la rentabilidad de la agricultura legal irán siempre un paso atrás de los aumentos de rentabilidad de lo ilegal. Será como construir una casa en el día mientras alguien la destruye por la noche.

De la mano de los proyectos agroindustriales, es necesario que venga una política antidrogas más eficiente: menos costosa y orientada a reducir la rentabilidad del negocio ilícito.

Por un lado, podría ser conveniente la legalización de la marihuana, producto con leve efecto sobre la salud pública pero con un mercado muy costoso de prohibir. Por otro, que la erradicación se concentre en los cultivos de mayor extensión, donde los cultivadores, no precisamente pequeños campesinos, se benefician de las economías de escala.

Para los más pequeños, los más pobres, ofrecerles una alternativa legal productiva es más eficaz.

Esto no viene con subsidios sin brújula. Viene con un empujón caracterizado por: acceso a crédito, asistencia técnica, acceso a mercados, y fondos estabilizadores de precios.

De esta forma, se minimiza el efecto disuasivo que tanto la volatilidad en los precios como la incertidumbre sobre las rentabilidades de algunos productos agrícolas tienen sobre las decisiones de los pequeños productores de embarcarse en cultivos legales.

La política agrícola que tanto ha necesitado este país debe ir de la mano de una política contra las drogas más eficiente. Solo así se apunta bien al que debería ser un propósito básico: hacer más rentables los cultivos legales en relación con los ilegales.

Coletilla. En una noticia cubierta por medios televisivos, un campesino le pide al gobierno que no termine con glifosato los cultivos legales que fueron apoyados por el mismo gobierno colombiano a través de un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos. “Tales pueden ser las contradicciones de la política antidrogas” me dijo un amigo.

El autor es el director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.