Por una sociedad menos desigual

Es cierto que los retos económicos de Colombia ni empiezan ni terminan con la firma de los acuerdos de paz.

Estos acuerdos son, no obstante, un hito que señala un contexto esperanzador, que pondrá ahora en primera plana la necesidad de una economía incluyente, lista para reemplazar la actual, que se caracteriza por resultados y oportunidades bastante desiguales para los colombianos.

La firma no traerá la paz de inmediato pero sí trae nuevas formas de ver la economía del país; trae nuevos actores, entre ellos los países donantes, que deben ser protagonistas: con sus recursos, pero más importante, con su experiencia de reconstrucción de posguerra donde la cohesión social fue clave. Ellos saben bien que esta cohesión no es posible con tanta desigualdad de oportunidades.

La paz solo puede ser duradera, sostenible y con cohesión social, si, mediante la activación rápida de una política económica incluyente en las regiones, muchos menos colombianos quedan excluidos. No olvidemos que la representación más trágica de la exclusión han sido las tantas víctimas de nuestro conflicto armado. 

Para pensar en reconciliación, inclusión y paz, se requiere, entre muchos temas, de un cambio de visión sobre nuestra economía. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en una visión nacional de economía solidaria y comunitaria, que esté inspirada en los principios distributivos que tenemos en los hogares: atender al que más necesita, enfrentar juntos las crisis, y también compartir las bonanzas. Más para el que más necesita, en lugar de más para el más fuerte.

En la práctica no es fácil. Es, en realidad, un gran desafío: llevar el contrato familiar a una escala de contrato social.

Por ejemplo, a nivel del hogar difícilmente ocurre lo que ocurre a nivel nacional. De acuerdo con datos del Banco Mundial, al 20 por ciento de los colombianos con mayores ingresos les corresponde, para sus gastos y ahorro, cerca del 60 por ciento del ingreso del país. Sí, 80 por ciento de los colombianos se reparten el 40 por ciento restante de ingreso.

Pero ¿no deberían acaso ser la solidaridad, de tipo familiar y comunitario, y una mayor igualdad de oportunidades la base del patriotismo tan aclamado en Colombia?

Somos una de las naciones con mayor desigualdad de ingreso del mundo. Y, de esta manera, no son sorpresa la fragilidad institucional o las políticas perversas y la corrupción, de las que sí nos quejamos de manera recurrente. La desigualdad económica es causa y consecuencia de la desigualdad política. Ambas se refuerzan.

Ambas corrompen la preciada democracia. Ambas desataron el conflicto armado. Y ambas pueden acabar en poco tiempo con los intentos actuales por corregir nuestra historia trágica.

Por eso, independientemente de lo acordado en La Habana, necesitamos un acuerdo por una sociedad menos desigual. Un nuevo contrato social: uno que se parezca más a nuestro contrato familiar y menos al de “sálvense quien pueda”.

El autor es el director del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.