Procurador, ¿hablamos de presiones al Consejo de Estado?

Desde cuando se publicó la entrevista de María Isabel Rueda con Alejandro Ordóñez, hace ocho días, me siento inquieta porque… ¡estoy de acuerdo con el procurador!

Es la primera vez que me ocurre y, en cierta forma, me justifico. Dice el entrevistado: “confío en que el Consejo de Estado fallará en derecho” (en el proceso de anulación de su reelección). Yo, simple ciudadana del montón, también confío. Es más: ruego al dios de los fieles de la extremista Orden de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que permita que el Consejo de Estado dicte sentencia en estricto derecho. Continúa Ordóñez: “no obstante los intereses extrajurídicos que puedan existir, el Consejo no se dejará permear”. ¡Tengo la misma esperanza! Por supuesto, los intereses que creo que pueden torcer a esa corte son diferentes a los que arguye el procurador en sus respuestas políticas, que no jurídicas, para presionar a los togados que revisan su caso e inclinar la balanza a su favor.

En la versión que conviene al procurador —a quien su investidura obliga a tratar con respeto institucional al presidente de la República, quien quiera que sea—, “Santos está herniado” por sacarlo y, por ello, su proceso estaría viciado en su contra. En mi versión, basada en fuentes serias, Ordóñez ha intentado llegar a los consejeros mediante interpuestas personas, para influir en su decisión. Hasta hace poco sus maniobras fueron evidentes y casi descaradas cuando todavía componían la sala plena los mal recordados Marco Antonio Velilla, Susana Buitrago, Alfonso Vargas Rincón y otros. Ahora la cosa es sutil porque han llegado nuevos magistrados de los que se esperaría que actúen sin las interferencias del interesado, del conservatismo y del ultraconservatismo del país a los cuales les conviene, no los fallos en derecho, sino precisamente lo contrario: mantener a su alfil político en esa posición para poderlo lanzar después como su candidato presidencial.

En su puja por garantizar que nada le pasará al procurador, a pesar de que los argumentos de los demandantes de su reelección son apabullantes (idéntico caso a las anuladas elecciones de los exmagistrados Ricaurte y Múnar), él gana tiempo. La nueva ponente de ese proceso de intrincado trámite es Rocío Araujo, recientemente nombrada en esa corte. Todo indica que la consejera, que llegó con aura de independiente, se aculilló más tarde, pues dilata y dilata la entrega a la sala del documento que supuestamente tenía listo antes de terminar 2015. ¿A quién favorece el estancamiento del proceso? A Ordóñez, desde luego. La señora Araujo será buena jurista y, ¿además tendrá carácter para enfrentarse al procesado? Ya lo veremos.

Ordóñez es experto manipulador: argumenta según sirva a su ideología. En la entrevista con María Isabel, habla de las “dimensiones exorbitantes” de la corrupción y añade que el efecto más dañino de esta es que “deslegitima la institucionalidad”. Quien hace estas afirmaciones es el mismo que ha defendido a Jorge Pretelt, que hirió de muerte la confianza en la Corte Constitucional.

Entre paréntesis: el affaire Otálora por abuso sexual y acoso laboral no puede concluir con el olvido colectivo después de su renuncia bajo presión. Hay mucha tela para cortar fuera de la discusión sobre la cultura machista que salió a flote, aún en los círculos que se suponen letrados y en los cuales se ha escudiñado el pasado de la denunciante para deslegitimarla, mientras, le celebran, con fiestas, el cumpleaños al denunciado del que no importa la estela tenebrosa de su hoja de vida. La otra arista de este escándalo sería la de otros altos servidores públicos que habrían sido los compañeros habituales del exdefensor en sus juergas de alcohol, prostitutas y otros personajes de la noche a quienes llevaban y traían en vehículos oficiales. ¿Es cierto o no todo lo que se dice en los pasillos de la antes respetada Defensoría? Los investigadores le deben esas respuestas al país.