S.O.S.

Ante la seguidilla de sucesos alrededor de la inminente ley de licores resurge la necesidad de comenzar a pensar en una reforma total del actual monopolio estatal. Sin embargo, sucesivos gobiernos lo han mantenido en pie con el argumento de ayudar a financiar la salud, el deporte y educación en las regiones.

 O sea: permitir el consumo de alcohol a un importante núcleo poblacional, tras el pago de impuestos, sin preocuparse demasiado por las consecuencias de una ingesta excesiva, como adicción, enfermedades hepáticas y cardiovasculares, destrucción del entorno familiar y violencia.

Es un hecho que, desde la Antigüedad, el mundo ha facilitado la producción y consumo de alcohol a cambio de un tributo. En Estados Unidos la filosofía ha sido utilizar los recaudos para combatir los accidentes fatales en las vías y ayudar a subsanar las consecuencias del alcohol para la salud. Pero se ha hecho de una manera justa y equilibrada.

En otros lugares, como en Canadá y los países nórdicos, el Estado ha asumido la compra y venta de bebidas alcohólicos a través de estancos, privilegiando aquellas bebidas con menores riesgos, como los fermentados.

En Colombia, en cambio, se defiende la existencia y estabilidad de empresas estatales, basándose en argumentos, no de mercado, sino de tipo histórico y cultural. Quizás por eso estén perdiendo terreno frente a su competencia.

Sin embargo, la nueva ley se ha estructurado para seguir defendiendo las licoreras a toda costa. Aunque política y electoralmente la estrategia tiene adeptos, comercialmente las hace más vulnerables, como lo comentaré más adelante. Esto ha hecho que, frente a los reclamos de los empresarios independientes, tanto Gobierno como Congreso han hecho caso omiso a sus puntos de vista. No ha sido posible, por ejemplo, que atiendan el reclamo de sacar al vino de las discusiones, pues no se le puede meter en el mismo saco que a los destilados. Es una especie de trato igual para desiguales. Lo curioso, no obstante, es que la cerveza, otro fermentado, haya quedado por fuera del nuevo marco legal. Igual, todos los afectados han aceptado pagar más impuestos, pero bajo un esquema razonable, que el proyecto no contempla.

Como si esto fuera poco, la ponencia para la plenaria del Senado --a celebrarse esta semana-- no sólo ha ignorado estos argumentos, sino que le ha agregado nuevas cargas y obstáculos a productores y comercializadores.

Pero mientras todo esto ocurre en la arena política, acaba de darse a conocer un informe que devela la fragilidad del monopolio estatal, expresado, este vez, en la pérdida de terreno del aguardiente, el trago por excelencia de las licoreras. La bebida nacional ha acumulado una caída en ventas del 40,5% en los últimos cuatro años.

El argumento de sus defensores es que la apertura económica y la devaluación del peso han permitido el ingreso de bebidas importadas, que, por novedad, propician un cambio en las preferencias de los consumidores.

Puede que haya algo de cierto en esta afirmación, pero la población colombiana ha tomado conciencia del riesgo de consumir bebidas alcohólicas de alto calibre, cambiándolas, entre otras, por fermentados de alcohol moderado, como el vino y la cerveza.

La caída en la venta del aguardiente afectará de manera importante las rentas departamentales, especialmente en aquellas regiones donde el descenso es más notorio, como Antioquia, donde el guaro ha sido tan sagrado como el agua.

Entonces si la nueva ley busca, entre otras cosas, compensar el menor recaudo causado por la caída en las ventas de aguardiente, ¿cómo lograrlo si el nuevo marco fiscal castigará fuertemente la demanda de miles de vinos y licores nacionales e importados? Tal y como advierte Fenalco, los nuevos impuestos redundarán en una reducción del consumo, y, por ende, en una pérdida de recaudos, amén del cierre de empresas importadoras y comercializadoras.

Asimismo, como también señala Fenalco, los nuevos impuestos fomentarán el comercio ilegal, así el Gobierno advierta que, para contrarrestarlo, usará toda la fuerza de la una nueva Ley Anticontrabando. Eso está por verse, porque el contrabando es una enfermedad endémica colombiana, madre del narcotráfico, que ningún aparato estatal ha podido contener. Quizás por complicidad. Como tampoco ha podido controlar la adulteración, que también se multiplicará.

Por eso resulta oportuno comenzar a trabajar en pro de un cambio en la política de alcoholes, pues el actual monopolio estatal --con justificaciones insostenibles-- no resiste más remiendos. Claro está: debe ser un plan consensuado y no impuesto, como ocurre con la nueva ley.