Uber: Cambio de un paradigma socioeconómico

La discusión generada alrededor de Uber y aplicaciones similares es de fondo más que de simple legalidad. Tiene que ver con el uso de la propiedad privada y la economía colaborativa.

Compartir la propiedad privada, impensable dentro del modelo capitalista orientado al lucro y disfrute individual, es una realidad. Las nuevas generaciones, sin cuestionar la propiedad, plantean compartirla con quien la puede necesitar a cambio de un precio justo, dado que los carros y las viviendas permanecen buena parte del tiempo ociosos. Ahora bien, antes de las Apps esto era muy difícil de contemplar, porque no había un mercado abierto que generara confianza.

Por Edgar Enrique Sandoval 

Es un error centrar la discusión sobre si Uber y demás son legales o no, porque simplemente la realidad económica y la percepción individualista cambiaron, con la ayuda de algunas Apps. Lo importante es que la regulación se adapte lo más pronto posible a la sociedad y no tratar de ajustar e impedir poderosos cambios socioeconómicos.

En el caso particular de Uber y similares, aún con la estricta legislación de transporte, diseñada para un país con baja conciencia sobre seguridad en el pasado, bien podría el Mintransporte interpretar UberX como transporte privado y no interferir en ese mercado. Caso diferente del Uber que se presta con vehículos de servicio especial. Desde hace años, aún antes de la existencia de las Apps, el Gobierno Nacional equivocadamente ha interferido en el transporte urbano de los municipios, montando una competencia desleal al servicio de taxi regulado. Al respecto, urge que el Ministerio diferencie el transporte especial del transporte público individual, autorizando al primero vehículos de mínimo seis pasajeros solamente.

Si una persona quiere movilizarse en un vehículo particular y el dueño está de acuerdo, bien lo podrían acordar poniéndose en contacto por medio de alguna App que les dé suficiente confianza en seguridad y precio. El Estado no tendría porqué intervenir, como tampoco en las condiciones o diferencias que pudieran presentarse entre el demandante y el oferente. Pero si el demandante prefiere un vehículo de transporte especial, necesariamente de una empresa autorizada, podría escogerlo también por medio de una App, pero de más de seis pasajeros para que de verdad sea un servicio especial.

Lo anterior generaría dos consecuencias favorables: en primer lugar, la disminución del valor de los cupos de los taxis en beneficio de los usuarios y de los explotados conductores, dada la ampliación inmediata de las alternativas de transporte individual. Y segundo, controlar la invasión de pequeños vehículos de transporte especial que equivocadamente el Mintransporte ha generado en las ciudades, que es la causa real de la competencia desleal existente.

El reto más complejo es lograr que el Ministerio reconozca que cuando la realidad sobrepasa la regulación, lo lógico es adaptar ésta a la sociedad y no al contrario, sin la excusa de que la legislación es así o que lo vigente es la única manera de proteger la seguridad de los pasajeros o distraiga la atención de un problema de movilidad, por cuenta de que hay involucrada una herramienta tecnológica, diciendo que la solución es también competencia de otro Ministerio.